Seguimos con la política del parche (que en este aspecto se aplica anualmente) y se sigue renunciando a encarar lo que, a todas luces, ya resulta impostergable: la puesta en marcha de un replanteo integral en materia impositiva que, sostenido en un accionar conjunto de la Nación y las provincias, concentre la presión tributaria sobre
los grandes contribuyentes privilegiando la captura de rentas, de patrimonios y gravando el consumo de los ingresos más altos.

El hecho de que un trabajador vea que le confiscan su aumento salarial por la aplicación del impuesto a las ganancias revela que el impuesto está funcionado mal, que están cobrando a quien no deben cobrar y que seguimos renunciando a resolver el problema de manera integral.

A su vez, esto también lleva a cometer injusticias ya que se está privilegiando resolver la carga tributaria de quienes ganan más de $ 3.300 mientras el ingreso promedio de los ocupados argentinos no supera los $ 1.400. De allí que la medida solo influya sobre el 14 % de trabajadores registrados y sobre el 5,3 % del total de la fuerza laboral. Mientras tanto, la mayoría de los trabajadores siguen
pagando el 21 % del IVA.

La estrategia que el país necesita hoy es aquella que permita reconstruir con firmeza sus bases fiscales y encarar, en simultáneo, una fuerte política en materia de distribución del ingreso.

Esto exigiría la aplicación conjunta de uan reforma impositiva, una reforma
previsional que ubique al régimen de capitalización como voluntario y por fuera de la seguridad social pública y la implementación de un nuevo sistema de políticas sociales de alcance universal, que involucre a aquellos trabajadores que están afuera del circuito formal.

La definición gubernamental sola, aislada, no hace más que revelar lo perdido que está el Gobierno y puede tener, incluso, efectos fiscales e inflacionarios negativos.