La Corte Suprema de Justicia resolvió establecer un calendario semestral de audiencias públicas destinadas a escuchar argumentos enmarcados en "casos específicos" como la demanda por la contaminación del Riachuelo y las acciones promovidas para asistir a aborígenes de Chaco, que será hoy.

La convocatoria a una audiencia pública, que en realidad constituye una diligencia excepcional en la Corte, requerirá la firma de al menos tres ministros del tribunal, y las sesiones "serán filmadas y grabadas".

Según indicó el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, la acordada firmada tiene por objetivo el de "elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial y profundizar el estado constitucional de derecho vigente en la República".

Las audiencias serán segmentadas según su objeto y se realizarpan los miércoles. Las de carácter informativo estarán destinadas a escuchar a las partes involucradas en el caso, que podrán designar un abogado para que desarrolle un alegato, que no podrá exceder los veinte minutos de duración.

Las conciliatorias instarán a las partes a la búsqueda de soluciones no adversariales, las cuales deberán presentar por escrito un resumen de sus pretensiones y defensas actualizadas.

En tanto, en las ordenatorias se tomarán medidas destinadas a mejorar el trámite judicial, requiriendo a demandantes y demandados que ofrezcan un resumen de su opinión sobre los puntos establecidos por el tribunal.

Lorenzetti aclaró que este nuevo sistema es similar al que utiliza la corte de los Estados Unidos, aunque aclaró que se tienen en cuenta las diferencias culturales. Así explicó que, "por ejemplo, en los EEUU (la Corte) trata al año unas 80, mientras que aquí nuestra costumbre es inversa, la gente se asombra cuando la Corte no toma un caso".