La Sala Civil del Superior Tribunal de Justicias de Entre Ríos dejó sin efecto una medida cautelar y determinó que no es necesaria una autorización judicial para practicarle el aborto a una chica discapacitada de la ciudad de Paraná embarazada tras sufrir una violación.

El Código Penal permite interrumpir el embarazo ante una situación como ésa sin que implique sanciones para los médicos que asistan a la paciente.

La joven tiene 19 años y lleva 18 semanas de gestación, ahora los médicos deberán determinar si la interrupción del embarazo no pone en riesgo su salud. El Tribunal también ratificó a la Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial que revocó el fallo de la Jueza de menores, Claudia Salomón, quien había ordenado a los hospitales entrerrianos que se abstengan de practicarle el aborto a la chica.

El tribunal, integrado por Emilio Castrillón, Juan Carlos Ardoy y Leoñor Pañeda, consideró "inadmisible" el recurso presentado por el padre de la chica para evitar la operación y adelantó que la conveniencia del aborto "deberá ser resuelto por los médicos".

En tanto, el director del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, Jorge Berraz, informó que no recibieron todavía ninguna solicitud de practicar el aborto. Sostuvo que la chica atraviesa un embarazo de 18 semanas y que ante un eventual pedido de aborto "habrá que analizar el método a realizar".

El funcionario adelantó que "la decisión la van a tomar los médicos de obstetricia", quienes deberán evaluar si no existen riesgos para la chica, debido a la dilación de la operación por la intervención de la justicia.

En tanto, el secretario de Salud, Mario Elizalde, dijo que la decisión de interrumpir el embarazo, tras la habilitación extendida por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), "es una cuestión familiar".

"Salud Pública no tiene obligación ni derecho a tomar una posición. La madre de la joven discapacitada podrá requerir un procedimiento que es legal y el estado debe cumplir la ley", agregó el funcionario.

Elizalde admitió que existe la posibilidad de que algún profesional se niegue a realizar la interrupción del embarazo.