El máximo tribunal del país también ordenó el inmediato "suministro de agua potable, alimentos y medios de transporte y comunicación adecuados para cada uno de los puestos sanitarios ubicados" en las regiones en crisis.

La justicia exigió a los gobiernos provincial y nacional que informen sobre la situación de comunidades indígenas, en su mayoría tobas, que estén en situación de "emergencia extrema, con necesidades básicas y elementales insatisfechas".

La decisión fue tomada en el acuerdo ordinario del tribunal, en el marco de un proceso iniciado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, en representación de las comunidades indígenas.

Al tomar esta resolución, la Corte "consideró la gravedad y urgencia de los hechos denunciados", y destacó "la necesidad, sin perjuicio de lo que pudiere decidir en su oportunidad en relación a su competencia, de adoptar las medidas conducentes que tiendan a garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados".

Para la Corte, ése es su "objetivo fundamental a la hora de administrar justicia, y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento, sobre todo cuando está en juego el derecho a la vida y la integridad física de las personas".