El Congreso se ha convertido, de hecho, en una cáscara vacía subordinada a las órdenes de la Casa Rosada.

Así lo expresan las cifras, que hablan por sí solas de la debilidad del Poder Legislativo: en lo que va de su mandato, Néstor Kirchner firmó 249 decretos de necesidad y urgencia (DNU), mientras que sólo envió al Parlamento 176 proyectos de ley.

Según un relevamiento del Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas (Ceppa), en su primer año de gobierno Kirchner firmó 67 decretos y el Congreso sancionó 56 proyectos de ley del Poder Ejecutivo; en el segundo año se firmaron 73 DNU y se aprobaron 43 proyectos de ley del Gobierno; en el tercer año hubo 61 decretos de Kirchner contra 35 leyes del Poder Ejecutivo, y en el cuarto año, 48 decretos y 40 proyectos de ley del Ejecutivo.

Ante esta realidad, los especialistas de organismos no gubernamentales y muchos legisladores se muestran alarmados por la débil salud que exhibe el principal poder de contralor de la República.

Una serie de razones lo fundamentan, pero otro dato basta para ilustrar el grado de subordinación en el que cayó el Congreso respecto del Poder Ejecutivo: en sus cuatro años de gestión Kirchner emitió 249 decretos de necesidad y urgencia, más aún que el abanderado de los decretos, Carlos Menem, que durante su segundo mandato emitió 144 decretos, y en 10 años, unos 370.

En buen romance, el Gobierno hizo uso y abuso de decretos para esquivar el trámite ordinario de sanción de leyes y, con él, el debate político, que hace a la esencia misma de toda democracia.

A estas estadísticas se suman otros elementos que igualmente aumentan este nivel de degradación en la que se sumió el Congreso. Estos son:

* Superpoderes: el año pasado el Gobierno impulsó una ley que habilita al jefe de Gabinete a reasignar partidas a su discreción, avasallando así una facultad constitucional del Congreso.

De esta manera, la discusión parlamentaria de los miles de millones de pesos que conforman el presupuesto no tiene sentido, denuncia la oposición.

Delia Ferreira Rubio, coordinadora del Ceppa, coincide: "Los superpoderes sumados a los DNU convirtieron en inexistente al Congreso. El último decreto que aumentó en 14.200 millones de pesos el presupuesto sin que los legisladores pudieran debatir lo confirma".

* Decretos: a la proliferación de decretos ya mencionada se suma la controversia por la ley que facilita su posterior ratificación parlamentaria, promocionada por Cristina Fernández de Kirchner, candidata oficial a la presidencia, y criticada por la oposición.

"Si no hay rechazo expreso de ambas cámaras, el DNU queda ratificado; por eso se convirtió en una facultad corriente del Gobierno. La comisión bicameral legislativa que las revisa, de mayoría oficialista, funciona bien, pero no analiza si esos DNU reúnen los requisitos excepcionales que prevé la Constitución para su dictado. Y en su mayoría no las reúnen", explicó el diputado Pablo Tonelli (Pro-Capital).

Desdramatizar

El senador oficialista Jorge Capitanich (FPV-Chaco), titular de la comisión bicameral, se enorgullece en vaticinar que el mes próximo quedarán ratificados todos los DNU desde 1995 hasta la fecha.

El legislador desdramatizó el uso frecuente de DNU, al destacar que en su mayoría obedecieron a cuestiones de renegociación salarial. "No abarcaron aspectos sustantivos de gestión, sino más bien fueron decretos operativos", justificó Capitanich.

* Visitas del jefe de Gabinete: la Constitución obliga a este funcionario a concurrir una vez al mes al Congreso a exhibir su informe de gestión. Debe alternar las visitas en cada una de las cámaras cada mes. En lo que va de este año, Alberto Fernández sólo concurrió una vez al Congreso. Esto ocurrió en marzo último en la Cámara de Diputados. Por su parte, desde el Gobierno no dieron explicaciones oficiales a los legisladores ante la ausencia del funcionario.

Por otra parte, la mayoría oficialista de ambas cámaras limitó la aprobación de pedidos de informes al Poder Ejecutivo que se le elevan al jefe de Gabinete, a punto tal que diputados de la oposición debieron recurrir al decreto de acceso a la información pública (limitado al Poder Ejecutivo) para indagar sobre aspectos de la gestión de Kirchner; aun así, las respuestas tampoco han sido satisfactorias para los legisladores.

Así, la tarea de control se reduce al mínimo, más aún si se considera que casi ningún ministro concurre a las comisiones del Congreso cuando son convocados.

* Comisión Mixta revisora de Cuentas: debería ser la comisión neurálgica del Congreso, pero no lo es. Es que esta comisión evalúa los informes que allí remite la Auditoría General de la Nación (AGN) que preside la oposición por mandato constitucional. La Auditoría está presidida por el radical Leandro Despouy y en los últimos años se emitieron desde allí informes muy críticos a la gestión de Kirchner.

Pero esos documentos, que luego pasan al Congreso para su aprobación, aparecen como simples resoluciones no vinculantes que se aprueban sin deabte alguno en el recinto de ambas cámaras.