Los cruces entre Shell y el Gobierno no cesan. Luego de que la administración kirchnerista pidiera condenar al directorio de la empresa, el titular de la petrolera en la Argentina, Juan José Aranguren, dijo que "se ha actuado conforme al derecho" y aclaró no tener "miedo de responder ante la Justicia".

Tras la denuncia del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, Aranguren puntualizó: "Moreno no habla con Shell. Ha habido reuniones con otras compañias petroleras y Shell no participa porque no es invitada".

La acusación del Gobierno es por incumplimiento de la ley de abastecimiento.

Aranguren calificó de "discriminatorias y exhorbitantes" las inspecciones realizadas a fin de controlar el cumpliento de la ley de abastecimiento que tienen las estaciones de servicio de esa compañía con respecto a otras que operan en el país.

"Todo lo actuado por nosotros es en el marco de la ley, y con persecusión o no, no tenemos miedo de responder ante la justicia por lo que hoy nos están imputando por cuando nosotros hemos cumplido con las normas de comercialización", aseguró Aranguren en un programa de cable.

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno presione a la compañía para dejar de operar en el país, Aranguren dijo que "nosotros nos debemos al cliente y una empresa no está en un mercado para complacer a un gobierno".

Por ese motivo, Shell ha efectuado una presentación ante la justicia penal y económica solicitando que cese el trato "discriminatorio, arbitrario y discrecional por parte de la Secretaría de Comercio Interior y que se aplique la resolución 25 conforme a lo que indica la letra".

Moreno reclama la detención del presidente de Shell pero la hace extensiva al resto del directorio, aunque a través de una solicitada Aranguren pidió asumir en forma unipersonal toda la responsabilidad.

Según trascendió, el Secretario de Comercio habría presentado unas 32 carpetas donde se detallan las supuestas infracciones cometidas por Shell por no haber garantizado la venta de gasoil en plena crisis energética.

En el pedido de amparo argumentó que fue discriminada por el gobierno y señaló que sufrió el 64 por ciento de las inspecciones cuando sólo comercializa el 13 por ciento del gasoil.