El Senado convirtió en ley el proyecto que autoriza a la Ciudad de Buenos Aires a contar con su fuerza de seguridad, pero la cuestión de fondo, que es el traspaso de parte de la Policía Federal, quedó para más adelante, y será objeto de una dura negociación entre el jefe de Gobierno electo, Mauricio Macri, y el Gobierno nacional.

El texto de la iniciativa modifica el artículo 7 de la denominada Ley Cafiero, pero no satisface la demanda de Macri, quien pretende que el Estado nacional financie el cuerpo de seguridad.

El proyecto fue analizado por la mañana en la Comisión de Asuntos Municipales, que preside la radical correntina Dora Sánchez, la cual aprobó un dictamen, y por la tarde llegó al recinto, donde su tratamiento fue votado sobre tablas.

Para que la Ciudad cuente con su fuerza de seguridad, Macri deberá acordar con el presidente Néstor Kirchner o quien lo suceda a partir del 10 de diciembre qué parte de la Policía Federal pasará a la órbita porteña, y cuál seguirá dependiendo del Gobierno Nacional.

Además, habrá que discutir la cuestión presupuestaria, ya que el mantenimiento de esa fuerza demanda actualmente 900 millones de pesos anuales, que el Gobierno Nacional no está dispuesto a transferir, al igual que diputados y senadores de distinto signo ideológico que representan a varias provincias.