La salvaje arremetida de la camioneta 4x4 que conducía Daniel Varizat, ex ministro de Gobierno de Santa Cruz, sobre decenas de personas que protestaban el viernes en Río Gallegos desencadenó una ola de violencia e inestabilidad política en presencia del presidente Néstor Kirchner.

Para repudiar el hecho y pedir justicia, una nueva marcha llegó ayer hasta las puertas de la Casa de Gobierno, derribó las vallas que la protegían, copó los jardines y provocó serios destrozos en el frente del edificio provincial.

La situación forzó una urgente negociación con el gobernador Daniel Peralta, quien de todos modos no cedió a los reclamos de los manifestantes. Por eso anoche un cacerolazo de unas 300 personas frente a la Gobernación fue el anticipo de nuevas movilizaciones y un retorno a la huelga -desde el próximo martes- de los docentes y otros gremios estatales.

Los habitantes de esta ciudad amanecieron ayer con la indignación atragantada por lo que había sucedido la noche anterior: un desencajado Varizat, al verse reconocido y rodeado por los manifestantes, aceleró su vehículo contra la multitud y dejó 17 heridos, cinco de los cuales seguían internados ayer en el hospital regional de Río Gallegos, una maestra con pronóstico reservado.

La gente no había terminado de digerir esa noticia cuando le llegó otra: a la madrugada, desconocidos arrojaron una bomba molotov que incendió buena parte de la "carpa de la dignidad" apostadada por los docentes frente a la Gobernación, y a las narices de la Policía.

En este contexto, unas 3.000 personas respondieron a la convocatoria de la Mesa de Unidad Sindical para exigir "juicio y castigo" a Varizat, imputado por el fiscal Andrés Vivanco por "lesiones graves y leves".

El ex alto funcionario kirchnerista permanecía ayer detenido pero no incomunicado: concedió reportajes a varias radios. "Estaba en riesgo mi vida y no tuve otra posibilidad", explicó allí.

A metros de donde había ocurrido ese suceso, una docente leyó ayer una carta del obispo de Santa Cruz, Juan Carlos Romanín. El religioso deploró la violencia y reclamó: "Ya es tiempo que la Justicia se independice del poder político y sea justa".

Frente a los restos de la carpa semiquemada, a las 13, comenzaron los incidentes. Primero cayó una de las vallas que rodeaban la Gobernación, luego otra, y muy pronto no quedaba ninguna en pie. Los manifestantes se apoderaron de los jardines y la Policía que custodiaba el lugar retrocedió hasta la puerta: quedaba claro que tenían orden de no reprimir. Los manifestantes más exaltados rompieron vidrios y otros cruzaron algunos golpes con los efectivos. Y a los pocos minutos, el frente del edificio más importante de la provincia era un collage de pintadas. Dos palabras se repitieron: "fuera" y "asesinos".

Mientras la Policía se replegaba, unos pocos dirigentes de la Mesa Sindical entraron pacíficamente al edificio, petitorio en mano y con la exigencia de reunirse con Peralta. Esperaron un par de horas hasta que el gobernador accedió: estuvieron reunidos casi hora y media, mientras afuera la gente reunía gomas viejas para alimentar dos enormes fogatas de humo negro. Luego, a resguardo en su domicilio particular, el gobernador respondió en conferencia de prensa.

La Mesa de Unidad Sindical insistió con su viejo pedido de un "aumento de emergencia" para los estatales, que permita cubrir una canasta básica que aquí se calcula en 4.500 pesos. Pero ayer los reclamos centrales eran otros dos: cárcel para Varizat y la renuncia del jefe de la Policía provincial, Wilfredo Roque, a quien se acusa de reprimir en varias ocasiones a los trabajadores.

Pocas cosas concedió Peralta a los manifestantes ayer: dijo que iban a negociar salarios gremio por gremio, y explicó que el alejamiento de Roque "es un tema en evaluación". Sí tomó distancia de Varizat y aseguró que dejará actuar a la Justicia.

Anoche, la Casa de Gobierno de Santa Cruz seguía cercada. Afuera, grupos de manifestantes montaban guardia. Adentro, lo hacían efectivos de la Gendarmería.