La rabia impera entre decenas de miles de damnificados, que tres días después del sismo que dejó 500 muertos en Perú duermen en las calles a la espera de una ayuda humanitaria que llega con cuentagotas, mientras se multiplican los pillajes, la inseguridad y el descontento popular.

Desesperación e impotencia son los sentimientos dominantes entre los miles de desamparados que deambulan por las calles de Pisco, ciudad a 240 km al sur de Lima y sobre el océano Pacífico, la más afectada por el violento terremoto que azotó a todo Perú el miércoles en la noche.

Aunque los organismos de socorro y el gobierno han tenido una presencia masiva -el presidente peruano Alan García se halla en esta ciudad desde el jueves-, la canalización de la ayuda ha sido un verdadero cuello de botella, y esta situación ha generado una difícil situación de orden público.

Este escenario se atizó con la irrupción del vandalismo en las zonas devastadas, lo que obligó al presidente García a anunciar que podría decretar el toque de queda si se registran actos de saqueo y pillaje.

La inseguridad quedó manifiesta cuando en un confuso incidente socorristas españoles fueron atacados a balazos cuando retornaban de sus tareas de búsqueda de sobrevivientes el sábado de noche. Aunque no hubo heridos el hecho creó alarma entre ellos.

El escuadrón K9 se hallaba cerca del centro de la ciudad de Pisco cuando uno o varios desconocidos les dispararon "unas 12 veces", dijo Loli Márquez consultado por teléfono por la AFP.

El incidente es el primero que se reporta contra los equipos de rescate extranjeros presentes en la zona de desastre.

Los socorristas reclamaron seguridad a las autoridades peruanas en momentos que se incrementan las denuncias de actos vandálicos a cargo de bandas armadas, que aprovechan la falta de energía eléctrica en la devastada ciudad.

La jornada estuvo marcada también por una nueva réplica que alcanzó una magnitud de 5,5 grados Richter y es la más fuerte entre las más de 480 registrada desde el terremoto del miércoles.

Con relación al vandalismo, antes del incidente con los españoles, el presidente García minimizó las denuncias de saqueos señalando que se trata de "rumores" ya que nadie oficializó ante la Policía las denuncias.

A pesar de ello García dijo que dio "la orden de actuar con la mayor severidad (en caso de saqueos) y de ser necesario pasaría a establecer un toque de queda". "Pero no lo considero necesario por ahora", agregó.

En Chincha un grupo de personas intentó tomar por asalto el hospital de esa localidad pensando que ahí se acopiaban alimentos para los damnificados, dijo a la AFP el director del centro de salud, Jorge Barrera.

"La gente se queja que no está llegando la ayuda (humanitaria) pero ese no es el problema, el problema es que no hay seguridad", aseguró el bombero Mario Paredes a la AFP.

El bombero narró que fue asaltado a la entrada de Chincha, donde le robaron su equipo de rescate la noche del viernes. La falta de seguridad impide concretar la distribución de la ayuda, acotó.

Por la noche el gobierno formalizó la intervención de las fuerzas armadas, junto a la Policía, en tareas de patrullaje con la orden de reprimir "con energía" eventuales actos de saqueo y pillaje.

Desde el viernes los saqueos y los robos se han multiplicado, lo que obligó al envío de 600 militares más, tanto a Pisco como a Chincha e Ica, las otras dos ciudades más destruidas, donde ya operan otros 400 soldados.

Otro problema es el de las epidemias. El ministro de Salud, Carlos Vallejos, expresó que "los principales riesgos podrían ser el surgimiento de enfermedades infecciosas".

La ayuda, entretanto, sigue llegando: aviones de Chile, Bolivia y Colombia con suministros, rescatistas procedentes de España, mientras la Unión Europea anunció que doblaba su apoyo financiero hasta 2 millones de euros.

Las cifras de la catástrofe todavía no son precisas: el presidente García habló el viernes de 497 muertos pero señaló que la cifra sin duda pasaría de los 500. No hay, en cambio, una cifra consolidada de desaparecidos, mientras que los heridos suman más de 1.600 y el número de damnificados es de unos 200.000.