El Gobierno argentino citó hoy por segundo día consecutivo al embajador uruguayo en la Argentina, Francisco Bustillo para responder con "indignación" a las advertencias sobre "terrorismo" realizadas por ese país en torno al conflicto por las papeleras.

En la víspera, Bustillo había recibido una carta de protesta de la Argentina por el derrame tóxico registrado el martes en la empresa Botnia.

La Cancillería argentina respondió una nota presentada el 14 de agosto pasado por el Uruguay.

Esa nota contiene serias acusaciones sobre supuestos actos de incitación de particulares en territorio argentino a "actos de invasión, sabotaje y terrorismo" contra instalaciones en territorio uruguayo.

Más grave aún, la nota alude veladamente a una supuesta pasividad de nuestro país frente a los pretendidos motivos de dichas acusaciones, sugiriendo incluso cierta connivencia con los mismos.

La Cancillería rechazó "con indignación" estas alusiones, considerando las mismas no sólo ofensivas, sino "particularmente injustas para un país que ha sufrido en carne propia el flagelo del terrorismo y que ha hecho del combate contra el mismo uno de los pilares de su política exterior".

En lo que se refiere a las acusaciones, la nota argentina se inquieta por la generalidad y superficialidad de las mismas, que deberían en todo caso haberse basado en una previa verificación de la veracidad, tenor y circunstancias de las supuestas "incitaciones".

Conforme se señala en la nota argentina, "no es con este tipo de manifestaciones efectistas e irreflexivas que pueden sentarse las bases para una solución de la controversia que mantienen nuestros países: todo lo contrario, tales manifestaciones sólo contribuyen a agravar las fuertes tensiones ya existentes".

Finalmente, se ha instado al Uruguay "a reconducir la controversia al terreno de los hechos, de las realidades que muestran cómo se insiste insensiblemente en promover un proyecto industrial ilícito sobre un recurso compartido, que ha dado recientemente pruebas de su carácter perjudicial para el ecosistema asociado al Río Uruguay y a sus áreas de influencia, con particular detrimento a la salud y bienestar de las comunidades adyacentes a ese curso fluvial".

La Cancillería ha instruido a sus representaciones diplomáticas ante la Corte Internacional de Justicia y la Organización de Estados Americanos a entregar a dichos organismos sendas copias de la nota entregada a las autoridades uruguayas.