Tras el pedido de explicaciones que le hizo el gobierno de Kirchner, desde la administración chavista buscaron desligarse del escándalo por el maletín con dólares
El gobierno venezolano rechazó hoy el pedido de explicaciones que realizó el kirchnerismo por el caso de la valija con 800 mil dólares que intentó ingresar al país el empresario Guido Antonini Wilson y consideró que el presidente Hugo Chávez "no tiene que pedir disculpas" a la Argentina.
A una semana del confuso episodio sucedido en el aeroparque "Jorge Newbery", la fiscal que investiga el caso, María Luz Rivas, deslizó que "podría haber lavado de dinero", aunque estimó que ese aspecto "lo estará investigando la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras)".
En el avión privado en el que llegó Antonini a la Argentina, también viajaban funcionarios de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) y del Gobierno nacional que hacían seguimiento de proyectos energéticos conjuntos.
Ante las acusaciones que surgieron en contra de la petrolera, hoy anunció que está a "disposición de prestar colaboración" a las autoridades competentes para establecer las "circunstancias" y "eventuales responsabilidades" por el caso.
La compañía venezolana notificó además que "iniciará las acciones administrativas contempladas en su normativa interna", a fin de aclarar el incidente, según precisó a través de un comunicado publicado en su sitio web.
A través del vicepresidente segundo del Parlamento, el oficialista Roberto Hernández, Venezuela sostuvo que "no tiene que pedir disculpas" a la Argentina, en rechazo las expresiones del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien afirmó ayer que los funcionarios de ese país son quienes "tienen que pedir disculpas" por el episodio.
En ese marco, el subsecretario de Integración Económica de la Cancillería, Eduardo Sigal, señaló que Venezuela tiene la "responsabilidad" de "aclarar" el asunto, y aseguró que "no hay elemento que complique la relación de complementariedad comercial" de ambos países.
Este presunto caso de corrupción, que involucra tanto a argentinos como venezolanos, mantiene preocupado al oficialismo, que intenta preservar la imagen del Gobierno y de la candidata presidencial Cristina Fernández de Kirchner a meses de las elecciones nacionales.
En ese contexto, dirigentes kirchneristas brindaron opiniones contradictorias en relación al posible impacto que podría causar el incidente en la campaña electoral.
Para el titular del PJ bonaerense, José María Díaz Bancalari, "no afecta la campaña" y evaluó que "en la medida en que se sostenga que el funcionamiento de las instituciones, es garantía de investigación, de imputación, juzgamiento y condena".
Sin embargo, el secretario general del PJ porteño, Víctor Santa María -ligado al jefe de Gabinete, Alberto Fernández-, reconoció que el escándalo "afecta la campaña, es un hecho objetivo", aunque destacó la "rápida reacción del Gobierno".