ras la rebelión de los jueces nacionales penales, civiles, comerciales y laborales contra el el fallo de la Corte Suprema que le da mas poder a la Justicia de la Ciudad, el Procurador General de la Nación Eduardo Casal le pidió este viernes a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, que suspenda la aplicación de esa sentencia.

En un oficio enviado a Rosatti, Casal señala que el fallo Levinas, que obliga a que todas las sentencias de la justicia nacional sean revisados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, le impedirá “cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos”.

Este oficio, dirigido a Rosatti y fechado el 31 de enero de 2025, está en sintonía con la rebelión de los jueces nacionales contra este fallo de la Corte Suprema.

De hecho, las Cámaras del Trabajo, Comercial, Civil, Penal y la Cámara Nacional de Casación planean reunirse la semana próxima para dictar acordadas o fallos plenarios que rechazan la aplicación del criterio que fijó la Corte.

El máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, decidió en una causa de la familia del artista León Ferrari contra el periodista Gabriel Levinas que las sentencias de la cámara civil debían ser enviadas en revisión al Superior Tribunal de Justicia de la ciudad y no a la propia Corte Suprema como hasta ahora.

Y fijó esto como criterio general para las causas penales, civiles, comerciales y laborales que tramiten en la ciudad de Buenos Aires.

El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y dijo que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad no es el “órgano superior jerárquico común” que deba resolver el conflicto de competencia entre un tribunal de la ciudad de Buenos Aires y un tribunal de la justicia nacional ordinario.

Mencionó además si bien la Corte admitió que el carácter nacional de los jueces es meramente transitorio, ello no ni implica negarle a esos magistardos dichos magistrados su carácter nacional. Y puntualizó que en todo caso que hay convenios de transferencias de competencias del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que ese proceso político se encuentra en marcha.

Con la salida de Maqueda, la Corte Suprema quedó con tres jueces y no podria formar una mayoría para dictar esta sentencia, ya que las posturas están dos a uno y se requieren tres firmas para que un fallo.

Pero los jueces nacionales se plantaron en pie de guerra contra el fallo de la mayoría de la Corte Suprema porque señalan que perjudicará los procesos.