El Gobierno argentino rechazó las "falsas e infundadas acusaciones del dictador Nicolás Maduro contra el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo", luego de que el presidente de Venezuela acusara el lunes por la noche al gendarme secuestrado de intentar asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

En un comunicado conjunto de la Cancillería Argentina y el ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno nacional se refirió a la denuncia de Maduro que se difundió este lunes por la noche en un recorte de una transmisión de la televisión estatal venezolana. "Estas afirmaciones carecen de sustento fáctico y jurídico", indicaron.

Asimismo, desdel el Gobierno aseguraron que Nahuel Agustín Gallo ingresó a Venezuela "de manera legal, cumpliendo con todos los protocolos migratorios vigentes. Presentó su documentación, notificó su domicilio familiar y cumplió con cada requisito antes de su viaje".

"No existe evidencia que respalde las acusaciones en su contra. Las declaraciones de Maduro no solo son falsas, sino también irresponsables y buscan desviar la atención de la grave crisis política, económica y social que atraviesa el régimen venezolano", apuntaron.

En esa línea, volvieron a exigir "la inmediata e incondicional liberación de Nahuel Agustín Gallo, garantizando su integridad física y psíquica, así como el pleno respeto a sus derechos humanos, conforme al derecho internacional y los tratados bilaterales vigentes entre ambos países".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que la reelección de Nicolás Maduro "no goza de legitimidad democrática", al tiempo que denunció "ejecuciones y desapariciones forzadas" durante los últimos meses.

"La represión del Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas especialmente a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes", subrayó el organismo en un documento difundido este martes.

A tres días de la asunción de Maduro por un nuevo mandato, la CIDH aseguró que se constataron "ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes".

Al respecto, el Gobierno argentino repudió estos hechos y reafirmó su compromiso "con la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en la región".

Asimismo, aseguraron que seguirán impulsando acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) y los organismos internacionales competentes, responsabilizando al régimen de Maduro por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, abuso de poder e incumplimiento de sus obligaciones internacionales, con el firme propósito de que dichas violaciones sean investigadas y sancionadas.