El juez Santiago Carrillo, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, resolvió rechazar la medida cautelar solicitada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) contra la Universidad de Buenos Aires (UBA) para que presente información respecto a los fondos transferidos por el Tesoro Nacional y facilite la documentación para poder auditar esa rendición de cuentas.
En su fallo, Carrillo también decidió postergar el tratamiento sobre el planteo de inconstitucionalidad del artículo 8 del decreto 1344/07 y la posible incompetencia de la SIGEN para auditar a la UBA, cuestiones que serán analizadas en el dictado de la sentencia definitiva.

Este planteo había sido presentado previamente por la UBA a través de su rector, Ricardo Jorge Gelpi, en una acción declarativa de certeza. La universidad argumentó que el control interno le corresponde exclusivamente a la Auditoría General de la Nación (AGN), conforme a la Ley de Educación Superior y al marco normativo que regula a las universidades nacionales.

La SIGEN, por su parte, impulsó una demanda contra la UBA donde solicitó que se le permitiera auditar los recursos transferidos por el Estado nacional, en base al artículo 59 de la Ley 24.521.

Como parte de esta presentación, interpuso un pedido de medida cautelar para obtener información detallada sobre los circuitos administrativos y contables de la universidad, incluyendo normativa de compras y contrataciones, adquisiciones realizadas con los fondos estatales y acceso a registros contables.