El Gobierno dará inicio la semana que viene a la primera tanda de exámenes de idoneidad a empleados públicos, que estará apuntado a unos 40 mil personas cuyos contratos temporales terminan a fin de año y que tendrá que ser aprobado como requisito obligatorio para una eventual renovación.

En paralelo, el Poder Ejecutivo pondrá a revisión la planta de personal de todas las áreas del Estado para determinar si necesita una reestructuración que implique reducirla.

En los próximos días el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger publicará oficialmente las condiciones bajo las que se realizará el examen a unos 40 mil empleados temporarios en esta primera instancia.

Será una prueba presencial, de complejidad diferenciada según qué tipo de trabajo se trate (profesional, administrativo y servicios generales) y que apuntarán a asegurar un umbral de idoneidad similar a un secundario completo.

Por el momento la realización del examen será obligatorio para ese grupo de trabajadores contratados que vivan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por tratarse de una evaluación presencial, que será en las oficinas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en el centro porteño y que podría extenderse eventualmente a otras locaciones como Tecnópolis.

Habrá tres excepciones: empleados de planta permanente, quienes vivan en el interior o sean personas con discapacidad.