El ex secretario de Transporte durante el kirchnerismo, Ricardo Jaime, se entregó en los tribunales federales de Comodoro Py para cumplir la condena en prisión por la Tragedia de Once.

A fines de octubre la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia de seis años de prisión por “administración fraudulenta” para el exfuncionario por su responsabilidad en el choque del tren Sarmiento, por el que murieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas, el 22 de febrero del 2012.

Jaime llegó a las 09.20 al sexto piso de Comodoro Py, sede del TOF 2, junto a sus abogados y proveniente de Córdoba, provincia en la que vivió desde que fue excarcelado en otras causas penales, el 18 de marzo de 2023.

El ex funcionario pasó siete años preso por diferentes causas de corrupción, entre ellas la de la Tragedia de Once, en la que había sido excarcelado después de cumplir aproximadamente dos años de pena, por lo que el Tribunal dispuso realizar el cómputo para determinar cuánto le resta pasar en prisión.



El máximo tribunal a su vez rechazó un recurso extraordinario presentado por el fiscal de la Cámara Federal de Casación, Raúl Pleé, para tratar de que la pena para Jaime aumentara a ocho años de prisión, con el argumento de que tenía “posición de garante” en el sector transporte.

A la resolución la firmaron tres de los cuatro miembros de la Corte, el presidente, Horacio Rosatti, el vice, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti.

El restante miembro del máximo tribunal, Juan Carlos Maqueda, se excusó de votar porque Jaime fue su segundo cuando él fue ministro de Educación de la provincia de Córdoba.

Tras el fallo de la Corte el TOF 2, que lo condenó, dispuso la presentación del exfuncionario en los tribunales para completar en la cárcel el resto de la sentencia. El juez y presidente de ese Tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, consideró que la condena quedó firme y que en consecuencia correspondía “proceder con su ejecución”.

En la resolución determinó que tras la presentación “sea ingresado en calidad de condenado a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal”.