Este martes el Gobierno oficializó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) como auditora de las universidades públicas, a través del dictamen del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.

“Si no quieren ser auditados debe ser porque están sucios”, dijo Javier Milei este sábado, en medio de la tensión por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

Con esta decisión, el Ejecutivo logró su objetivo de que la SIGEN cumpla una tarea de la Auditoría General de la Nacional (AGN). Este es el organismo del Estado que asiste técnicamente al Congreso de la Nación en el control externo del sector público nacional.

Entre los fundamentos de Barra para esta decisión, se informó que el sistema de control interno que realiza la SIGEN está incluido en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

De esta manera, Barra explicó que la aplicación de la Sindicatura en las universidades públicas no “vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera” que reconoce la Constitución Nacional sobre las casas de altos estudios.

Asimismo, se afirmó que la Ley de Educación Superior somete a las facultades públicas a la Ley de Administración.

Además, Barra cuestionó el accionar del Congreso: “El Poder Legislativo decidió excluir a la SIGEN del sistema de control interno que era aplicable a las universidades a través del artículo 129 de la Ley N° 27.591 (Presupuesto)”.

“En la última década, se había notado cierta resistencia por parte de algunas universidades nacionales para aceptar el marco normativo”, agregó Barra en el documento, en una clara crítica hacia las autoridades de las facultades.

La resolución de la Procuración del Tesoro se informó a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.