En el marco del plan para reducir el Estado, el Gobierno disolverá la semana próxima otros cinco organismos descentralizados, entre los cuales estará la Casa de la Moneda, encargado de la impresión del dinero, en papel y metal, con curso legal en la Argentina.
De acuerdo con lo que anticiparon a fuentes del círculo íntimo del presidente Javier Milei, la decisión ya está tomada y será oficializada en los próximos días a través de un comunicado.

Las tareas que cumple la entidad pasarán a ser realizadas por compañías privadas a las cuales se les adjudicará el trabajo mediante una licitación, o incluso se analiza “importar los billetes” que necesite el Banco Central, de acuerdo con lo que adelantaron personas al tanto de la iniciativa.

Al igual que como ocurrió con la empresa Trenes Argentinos Capital Humano, que fue eliminada este martes, todos los trabajadores que actualmente cumplen funciones en la Casa de la Moneda “serán despedidos”.

Además de acuñar el peso argentino, el organismo también se ocupa de la fabricación de especies valoradas, instrumentos de control, documentos de seguridad, diseño y desarrollo de software y procesos de digitalización.

La institución, que en estos momentos preside Daniel Méndez, es una empresa pública, industrial y comercial, dependiente del Ministerio de Economía, que encabeza Luis “Toto” Caputo, y fue creada en 1875, año a partir del cual comenzó a funcionar de manera ininterrumpida hasta esta fecha.

Entre las múltiples tareas que tiene a su mando, esta institución produce sellos postales, estampillas fiscales y otros objetos de valor esenciales para el funcionamiento del Estado, operando bajo estrictos estándares de control de calidad.

Con sede en diferentes puntos estratégicos del país, las plantas de la Casa de Moneda en Retiro y Don Torcuato son los principales edificios en los que funciona, los cuales están equipadas con la última tecnología en fabricación de billetes, pasaportes y chapas patente.

Si bien no recibe una partida específica del Presupuesto de la Administración Nacional, tal como lo indica la Ley N° 24.156, sus gastos deben ser aprobados por el Ministerio de Economía, que es la autoridad competente.

Según el informe del 2022, el último dato registrado en su página web, la entidad tuvo un déficit estimado para ese año de unos 3.732 millones de pesos, mientras que para el 2021 esa cifra fue de casi el doble.

Según adelantaron las fuentes, esta medida será acompañada por “la eliminación de otros cuatro o cinco organismos” descentralizados, que forman parte de una lista de compañías que están siendo revisadas por el secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Diego Chaher, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.