Una fuerte denuncia salió a la luz respecto a las actividades del grupo Luchemos, que aparentemente se encontraría involucrado en una
estafa que afecta a los médicos afiliados a la La Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires.

Según la información proporcionada a este medio por fuentes vinculadas al sector, el grupo Luchemos estaría recibiendo donaciones de médicos con el supuesto propósito de auditar a “la Caja”.

Sin embargo, el manejo de estos fondos podría estar lejos de cumplir con los objetivos declarados.

De acuerdo con la información brindada por los colegas, el dinero recaudado no se destinaría a cubrir gastos de abogados y contadores para la auditoría de “la Caja de Médicos”, sino que, en lugar de ello, se estaría utilizando para fines completamente distintos.

Los recursos, supuestamente manejados por la Dra. Zulma Fernández, quien sería la figura central detrás del grupo, se estarían empleando para financiar su campaña política personal como candidata a dirigir el Distrito I de la Caja de Médicos de la Provincia de Buenos Aires y para financiar un juicio del cual ella es la beneficiaria en caso de resultarle un veredicto favorable.

Es decir, Fernández le hace juicio a La Caja y, de ganarlo, cobrarían solo ella y su abogado, y no los médicos, ni la Caja, ni siquiera la agrupación a la que encabeza como brazo político para desembarcar en la entidad que representa a los médicos del Gran La Plata, distrito en el que compite la denunciante, según explicaron fuentes tribunalicias.

El desglose de los gastos revela una serie de prácticas cuestionables, ya que se menciona que los fondos que Luchemos pide a los médicos se usan para pagar a profesionales de la comunicación, el manejo de redes sociales, y edición de videos.

Con estos videos no solo promocionan a Luchemos y a Zulma Fernández, sino que también atacarían a figuras clave del arco político involucradas en la elección de la Caja de Médicos.

Además, el dinero se destinaría a cubrir costos relacionados con la campaña, tales como el pago de desayunos a los votantes, transporte y estacionamiento, solo para aquellos que dicen votar a Luchemos.

Según la denuncia, los votantes que apoyan a Luchemos recibirían beneficios directos, como el pago de la cochera, siempre y cuando presenten un papelito que certifique su voto a favor del grupo. Los gastos también incluirían transporte y otras formas de logística para inclinar los resultados de la elección.

Se afirma que la única justificación para el uso de abogados y contadores sería iniciar un juicio contra la Caja de Médicos, donde los únicos beneficiarios directos serían Zulma Fernández y su equipo de abogados.

Este juicio, en caso de resultarle favorable, se traduciría en ganancias para ellos, mientras que los gastos asociados serían cubiertos por “la Caja de Médicos”, afectando directamente a los médicos afiliados que aportaron a “la Caja”, incluidos los que realizaron las donaciones para auditarla.
La denuncia plantea serias dudas sobre la transparencia y la integridad del grupo Luchemos o al menos de su líder Zulma Fernández, sugiriendo que la recaudación de fondos para auditar a “la Caja” podría ser una fachada para financiar intereses personales y actividades políticas.

Este escenario no sólo comprometería la confianza de los médicos en la organización, sino que también podría tener implicaciones legales más amplias, según los denunciantes.