A modo de confirmación de que los problemas de infraestructura que denuncian los movimientos vecinales que se oponen al crecimiento de la construcción efectivamente existen, AySA admitió que 134 obras de gran dimensión están paradas porque no se puede garantizar que no impacten negativamente sobre el servicio de agua potable y cloacas de la zona.

Del otro lado, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) estima que la cifra de proyectos demorados llega hasta 280 y se quejan de "falta de seguridad jurídica".

"En este momento, la decisión sobre qué se construye y qué no en Buenos Aires la toma AySA, en lugar del Gobierno de la Ciudad", le dijo a Clarín Carlos Berdichesky, presidente del CPAU.

Actualmente, el certificado de factibilidad de AySA se exige solamente para construir en diferentes zonas de cinco barrios, de acuerdo a lo que establece el decreto 220, firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Telerman, en febrero.

Se trata de Palermo, Caballito, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Coghlan, lugares considerados críticos desde el punto de vista de su densidad de población, del estado de la infraestructura y de la cantidad de proyectos inmobiliarios.

Sin embargo, de acuerdo a un proyecto de ley aprobado el último jueves por la Legislatura porteña, próximamente se pedirán certificados de factibilidad para autorizar obras nuevas en cualquier punto de la Ciudad, y no solamente de AySA, sino también de las empresas que prestan servicios de electricidad y gas.

"Acá existe un reclamo de vecinos de distintos barrios de que se pare la construcción. Por otro lado, el Gobierno porteño no dice si la Ciudad está o no en condiciones de seguir soportando el crecimiento inmobiliario como hoy se está dando. Entonces, decidimos armar un camino intermedio, en el cual las empresas de servicios públicos deberán evaluar cada caso. Si hoy están paradas obras porque AySA no las autoriza, debe ser porque los problemas de infraestructura existen", afirmó el diputado macrista Alvaro González, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura.

Según informaron en AySA, desde que en febrero entró en vigencia el decreto 220 hasta mediados del mes pasado, en la empresa de agua y saneamiento se recibieron 348 pedidos de certificados de factibilidad para poder construir.

En la empresa estatal dijeron que 134 de ellos -los proyectos de más de 5.000 m2 cubiertos, que son los que más impacto podrían tener en la presión de agua y la red de cloacas del barrio- fueron remitidos a una comisión creada por el mismo decreto en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas, para que las analice. Y que es en esa comisión donde están parados los planteos.