La Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó reabrir la investigación del llamado FIFAGate por presuntos sobornos pagados a entidades como la FIFA y Conmebol por parte de empresarios para obtener derechos de televisación de distintos torneos para después venderle publicidad al Estado Nacional.

En el expediente está imputado el actual ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, entonces jefe de Gabinete.

El pago en cuestión fue de unos 33 millones de dólares por dos años y varios torneos, entre ellos la Copa América 2015. La decisión judicial la tomó la Sala I de la Cámara Federal porteña luego que Rafecas la archivara en primera instancia pese al pedido del fiscal Pollicita de investigar.

La Justicia pudo clarificar varios de los negociados a partir del testimonio que en noviembre de 2017 brindó el ex CEO de la empresa Torneos, Alejandro Burzaco, ante un tribunal de los Estados Unidos en calidad de testigo protegido.

Así es que complicó la situación judicial del exjefe de Gabinete, hoy ministro de Seguridad, a partir de lo cual el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió la indagatoria de Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina , Gabriel Mariotto y Pablo Paladino por defraudación al Estado a raíz de la contratación de los derechos de televisión para transmitir los partidos de la Selección argentina.

Pollicita pidió entonces que se aplicara la inhibición general de bienes y se prohibiera la salida del país de los 19 imputados en la causa.

Entre sus argumentos principales, el fiscal federal expresó que los funcionarios violaron la ley, ya que las contrataciones ejecutadas por el Estado fueron “arbitrarias” y “excedieron” los objetivos del programa Fútbol para Todos.

En su presentación, Pollicita sostuvo que el Estado pagó sobreprecios por los derechos de televisión para transmitir partidos de la Albiceleste. Las participaciones internacionales más costosas para el gobierno fueron el Mundial de Brasil, en 2014, por US$ 18 millones, y la Copa América de 2015, por otros US$ 8 millones.

Por esa causa, los imputados habían sido sobreseídos en noviembre de 2019, pero ahora, a partir de la resolución que firmaron los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, el caso volverá a investigarse con un pedido específico: que envíen al a justicia federal la confesión de Alejandro Burzaco “para que se determine quién pagó y quién cobró las coimas”, según indicaron fuentes judiciales.

rob