Cristina Kirchner se defiende con uñas y dientes por una de las decisiones más controversiales de su segundo gobierno, la firma de un memorando con Irán para investigar el atentado a la AMIA.

Esa decisión fue duramente cuestionada por el propio Alberto Fernández cuando estaba en el llano político, y aún no había sido ungido candidato presidenciales por Cristina.

Dos horas y media después de que los familiares y víctimas del atentado de la AMIA recordaron el 27 aniversario con el lema "Conectados contra la impunidad", de manera virtual inició en Comodoro Py una audiencia pedida por la vicepresidenta para exponer los argumentos sobre la base d los cuales, pidió anular el caso elevado a juicio donde se la acusa de encubrimiento agravado del atentado de la mutual judía.

La vicepresidenta disparó contra la justicia: "Esta causa es un disparate institucional, judicial y político".

En la audiencia participan los integrantes del Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) José Michilini, Gabriela López Íñiguez y Daniel Obligado, el fiscal Marcelo Colombo y los imputados que requirieron este espacio para defenderse e las acusaciones. Serán tres los planteos que se escucharán este viernes y el TOF fijó plazos de 45 minutos para cada exposición.
Desde​ su despacho en el Congreso de la Nación, Cristina fue la primera en exponer durante la audiencia presidida por la jueza Gabriela López Íñiguez. Previo a escuchar su descargo, la secretaria del TOF 8 informó que el jueves a última hora, ingresaron diversas pruebas solicitadas: ingresos y egresos a la Quinta de Olivos, una declaración testimonial de la jueza Ana María Figueroa que había hablado de presiones durante la gestión anterior, resoluciones vinculadas al caso, documentación de la UFI-AMIA.Con los papeles sobre su escritorio, las anotaciones en orden, la vicepresidenta inauguró la audiencia.

“Nos acusan de ser encubridores del máximo atentado que sufrió nuestro país”. La idea es “desde la más simple lógica del disparate judicial, institucional y político que es esta acusación”, dijo.
Para desechar la acusación respecto al encubrimiento, la vicepresidenta utilizó un curioso argumento: "Cuando sucedió el atentado de la AMIA, Andrés Larroque tenía 17 años cuando ocurrió el atentado de la AMIA. Juan Martín Mena era más chico aún, debería estar cursando algún curso de la escuela. Oscar Parrilli, quizás hasta tenía pelo, había perdido la interna justicialista y se había acercado al Frepaso. Carlos Zannini era ministro de Gobierno de Néstor Kirchner, que atravesaba su primera gobernación. ¿Dónde estaba yo? Sentada en alguna banca en la legislatura de la provincia de Santa Cruz. No teníamos ningún contacto, y esto no es menor", dijo.
Continuando en esa misma línea, consideró que "la causa AMIA se había convertido en un tablero de ajedrez de la política local e internacional. Desde su inicio la causa buscó ser usada en la política interna e internacional. La impunidad es el manejo político de la causa".
Después volvió a apuntar contra Mauricio Macri. Expresó que apenas llegó a la Casa Rosada, el Poder Ejecutivo "buscó manejar la justicia para usarla como instrumento de persecución contra la dirigencia política", y retomó su teoría del lawfare en sede judicial nuevamente.
Sobre este punto, señaló que tanto ella como ex integrantes de su gabinete y su propia familia, fueron "víctimas de una feroz persecución".

Al explicar esa acusación, se refirió a dos organismos de control del Gobierno de la gestión de Macri, la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera, como también mencionó la renuncia de Alejandra Gils Carbó a la Procuración General.
Pero Cristina hizo hincapié en la OA y en la UIF, “fueron utilizados para perseguir de forma impropia y anómala, también se usó a la AFIP para perseguir concretamente a mi familia, más de 30 mil ingresos a los lugares de contribución de mis hijos y mío”.
La vicepresidenta fue más allá, y apuntó contra magistrados de Comodoro Py donde ella tiene siete causas por corrupción: "Se ponen a dedo jueces que hacen todo tipo de cosas, que firman lo que sea". "En esta causa se intentó poner un Tribunal Oral a dedo, esto afortunadamente fue abortado por la Corte Suprema, pero iba a constituir uno de los mayores escándalos judiciales de los que se tenga memoria, como éste de hoy", remarcó.
En este contexto institucional, "se prepara al Estado para que sirva de instrumento de persecución de un sector de la política del que yo soy su cabeza".
Participan de la audiencia el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, Andrés "Cuervo" Larroque, Juan Martín Mena, los abogados defensores: Carlos Beraldi, León Arslanian, Martín Arias Duval, Aníbal Ibarra, Eduardo Barcesat, Graciana Peñafort, Alejandro Rúa, entre otros.
La causa conocida como Pacto con Irán inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman acusando a la entonces presidenta de la Nación y a varios integrantes de su gabinete de encubrimiento por la firma de ese documento, a través del cual -afirmaba Nisman- se buscó beneficiar a los iraníes acusados de ser responsables del mayor atentado terrorista en nuestro país. El caso se elevó a juicio oral en 2018, pero el TOF 8 ahora deberá decidir si anula las actuaciones y sobresee a los imputados, o impulsa la realización del debate oral.
Los pedidos de nulidad que dan origen a la controvertida audiencia se formularon después de conocerse que dos integrantes de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri. Ambos intervinieron en las resoluciones que confirmaron el avance del caso hacia el juicio oral.
La audiencia de este viernes no tiene antecedentes, ya que es ante el Tribunal que debe realizar el juicio.

En marzo, Cristina Kirchner hizo un descargo político ante la Cámara de Casación frente a las acusaciones vinculadas a las operaciones con el Dólar Futuro.

En aquella ocasión pidió también la nulidad del expediente, algo que obtuvo: los jueces consideraron que lo que fue investigado como una maniobra delictiva no era más que una decisión política que no podía judicializarse, y dictaron el sobreseimiento de los acusados.