En uno de los peores momentos de la pandemia, y cuando miles de argentinos con comorbilidades peleaban por conseguir una vacuna contra la COVID-19, una casta de privilegiados fue llegando al Hospital Posadas, donde fueron inoculados dirigentes K, sindicalistas, periodistas y empresarios amigos del poder.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) entregó su informe a la Justicia sobre el Vacunatorio VIP. Hablan de personas que fueron vacunadas sin cumplir “con los criterios de prioridad epidemiológicos”: figuraban como personal de salud sin serlo para recibir la vacuna contra el Covid. El desvío de dosis partió del Ministerio de Salud.

El escándalo terminó con la carrera del ministro de Salud, Ginés González García.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez entregó un informe ante el fiscal Eduardo Taiano que investiga el caso conocido como Vacunatorio VIP.

En el documento se reflejaron irregularidades respecto de personas que fueron inoculadas en el Hospital Posadas, números que no condicen con el personal sanitario y vacunas que fueron desviadas al Ministerio de Salud.

Fue a comienzos de este año que estalló el escándalo que derivó en la renuncia de González García como ministro de Salud. Como resultado del Vacunatorio VIP, la PIA abrió un expediente en el que impulsó las primeras medidas en el caso: una de las principales sospechas es que la lista de dirigentes, sindicalistas y empresarios que se habrían vacunado con privilegios podría ser mucho más amplia.

Hugo Moyano, su esposa y uno de sus hijos de 20 años; el periodista Horacio Verbitsky; el diputado Eduardo Valdés; el senador Jorge Taiana; el empresario Florencio Aldrey Iglesias, sus familiares Lourdes y Dolores Noya Aldrey; los empresarios Seza Manukian y Félix Guille; Carlos Zannini y su esposa; Daniel Scioli y Eduardo Duhalde, son parte del listado de quienes recibieron la vacuna la Sputnik V como parte de un circuito irregular implementado desde el Ministerio de Salud.

Para realizar un entrecruzamiento de los datos, se pidió el listado de aquellas personas que recibieron la vacuna Sputnik en el Hospital Posadas, como también en el Ministerio de Salud. El recorrido entre ambas instituciones también fue analizado, corroborando su utilización de forma irregular.

Este expediente que impulsó la PIA se ocupó de un conjunto de vacunas que se destinaron “para ser aplicadas a funcionarios, familiares de funcionarios, celebridades o personalidades destacadas de la vida política, sindical o pública del país, apartándose así de los Lineamientos técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación contra el COVID-19", reseñó la Unidad de Admisión y Detección Temprana.

Pero además, se dio inicio al caso al entender que se "estarían poniendo de manifiesto serios abusos de poder en el cumplimiento de la función pública". Los posibles delitos pueden incluir las negociaciones incompatibles con la función pública como la malversación de fondos públicos.

Bajo esos lineamientos, la PIA delimitó el objeto procesal a las vacunaciones irregulares llevadas a cabo con dosis de Sputnik V, asignadas al Hospital Nacional Posadas, “respecto a personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y el esquema de etapas previamente establecidos, y/o en los formularios pertinentes consignaron una categoría falsa de trabajadores sanitarios, habrían sido inoculadas en la institución médica referida, el Ministerio de Salud de la Nación y domicilios particulares”.

En ese sentido, se pidió toda la documentación al Hospital Posadas, que declaró haber recibido un total de 7.300 dosis contra el Covid-19 (5.150 de componente 1 y 2.150 de componente 2 de Sputnik).

La investigación en este caso, remite al período del 29 de diciembre de 2020 al 23 de febrero de 2021, para establecer si las personas que fueron inoculadas en el hospital y que fueron clasificadas como “Personal de Salud” en el sistema NOMIVAC, realmente revisten funciones o prestan servicios en ese complejo sanitario.

La PIA resaltó que sólo 3.789 personas de las 4.372 que fueron vacunadas en el Posadas están catalogadas como “Personal de Salud” en NOMIVAC y pertenecen efectivamente a la planta del citado centro sanitario. Por ese motivo, la Procuraduría sostuvo que las restantes 583 personas que se encuentran clasificadas como “Personal de Salud”, “NO pertenecerían a la nómina de personas que prestan servicios allí”. Respecto a esas 583 personas, “existen 198 personas que se encuentran registrados en la base de datos del REFEPS, pero no prestarían servicios en el Hospital”. Así, en total habría “385 personas que fueron clasificadas como 'Personal de Salud' no están registradas en la base de datos.