A través del Decreto 265/1997 el entonces presidente Carlos Menem, otorgó a Sociedad Macri (SOCMA) la concesión de los servicios postales.

Franco Macri quedó al frente de aquella privatización que tuvo su primer traspiés en 2003 cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada y decidió estatizar el Correo Argentino.

Según explica Lucía Salinas, en Clarín, a partir de allí arrancó un derrotero judicial que acumuló 18 años hasta que este lunes y con impulso del kirchnerismo se decretó la quiebra de la compañía. La trama de personajes de esta historia política, económica y judicial incluye a empresarios, políticos, gerentes, jueces, fiscales, funcionarios y familiares del poder involucrados.

Cuando Kirchner estatizó la empresa en 2003 el argumento era que Socma tenía una deuda por el canon que debía pagar al Estado de 296 millones de pesos-dólares. Además debía un porcentaje de interese en concepto de actualización.

Mientras tanto, en esos años, los ex dueños del Correo habían ido incrementando su participación en la empresa controlante, y presentaron una serie de reclamos contra el Estado por 1.700 millones de pesos, para compensar supuestas inversiones realizadas.

Pero en junio de 2016, cuando Mauricio Macri ya estaba en la Casa Rosada, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, según el cual el Grupo Macri debía abonar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. A fines de ese año, la fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla "ruinosa, abusiva" y perjudicial para el Estado. Dijo que la deuda era de 70.000 millones de pesos con las actualizaciones.

Gianfranco Macri, tres años menor que Mauricio, quedó con la mayor cantidad de acciones del Grupo Socma porque en 2017 adquirió las que estaban a nombre de tres de los hijos mayores de edad del ex presidente, Gimena, Agustina y Francisco. El ex jefe de Estado se había desprendido de las acciones de Socma en 2007, pero conservaba el usufructo. Sus herederos eran accionistas representados por funcionarios, pero tras la denuncia de la fiscal Gabriela Bouquin, ellos mismos pidieron ser desvinculados del holding para no quedar involucrados.

Macri, de hecho, en una carta que publicó antes de la quiebra, denunció que el Gobierno buscaba "venganza" y que apuntaba contra él y sus hijos. El directorio del Correo Argentino SA

Jaime Cibils Robirosa, presidente de la empresa y el abogado Jaime Kleidermacher, hicieron otro cálculo ante la acusación de la deuda multimillonaria. Sostuvieron que aplicando la tasa explicada por la Sindicatura en uno de los últimos escritos para el reajuste, al 28 de febrero de 2021, la deuda era de 1.000 millones de pesos con el Estado, el principal acreedor. Fueron con ese número a ofrecer el pago de la totalidad de esa cifra a los Accionistas Categoría A, constituida por el Estado. El planteo fue rechazado.

De extrema confianza de Mauricio Macri, ambos integrantes del directorio se encuentran imputados en el fuero federal donde se investigan las presuntas irregularidades en la propuesta de pago de la firma, que el gobierno de Macri estuvo a punto de aceptar.

Ex funcionarios de Macri

El ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio,fueron indagados en el fuero penal, pero su actuación también atravesó el expediente radicado en el fuero Civil y Comercial.

Se los acusó como representantes del Estado Nacional de "aceptar una propuesta de pago por parte del Correo Argentino SA que en términos objetivos beneficiaba a la empresa en perjuicio del patrimonio público".

¿De qué trató el acuerdo con el Gobierno? El Grupo Macri debía pagar $ 300 millones en 15 años, con una tasa de interés del 7%. Para la fiscal Gabriela Boquín era inviable la propuesta.

La Fiscal sostenía que dicho acuerdo implicaría una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia del Presidente y un perjuicio multimillonario para el Estado. En esa ocasión, Boquín calculó en más de $ 4.000 millones la pérdida para el Estado que provocaría la "condonación de la deuda" que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, situación que llegaría a los $ 70.000 millones de pérdida en 2033.

Esa acusación se mantuvo en el expediente del Concurso preventivo que derivó en la quiebra dictaminada este lunes.

Carlos Zannini

El procurador del Tesoro del actual gobierno, tuvo un rol preponderante en el caso. Desde que asumió en el cargo, intervino activamente señalando que su deber era el resguardo de los intereses del Estado, aunque siempre apuntó a la quiebra de le empresa, de hecho la solicitó a pesar de la propuesta del Correo de pagar. Macri sin embargo, denunció que su comportamiento respondía “a una persecución política” contra él y sus hijos.

El ex secretario Legal y Técnico del gobierno kirchnerista fue quien pidió la intervención del Correo Argentino el año pasado. En plena pandemia, solicitó el levantamiento de la feria judicial para designar a la administradora judicial ya que requirió que se desplace a toda la administración de la firma. El 8 de abril pasado, Zannini fue quien rechazó la oferta del Correo que proponía pagar la totalidad de los 1.000 millones de deuda calculados por la Sindicatura. “Esa nueva oferta pone en evidencia su mala fe y conducta dilatoria", indicó el jefe de los abogados del Estado cuando se opuso a esa negociación al entender que habiendo podido mejorar la oferta para cancelar la deuda en ocasiones anteriores "la empresa optó por no hacerla tratando de imponer un acuerdo irrisorio y ruinoso para el Estado nacional, tan notoriamente perjudicial para el erario que aquella propuesta motivó la apertura de una investigación que se halla en el fuero federal".

Como resultado a su denegatoria, solicitó a la jueza Cirulli que decrete la quiebra del Correo Argentino. Este martes, anticipó que irá un paso más allá y que desde el Estado solicitarán "la extensión de la quiebra" a Socma S.A., su controladora, que es propiedad de Mauricio Macri.

La fiscal Boquín

Fue quien sostuvo siempre el mismo lineamiento en el expediente: una deuda acumulada perjudicial para el Estado.

En febrero del 2020, pidió el desplazamiento de la administración del Correo Argentino SA, y la designación de un interventor judicial, para evitar que las autoridades de la firma perteneciente a la familia Macri "prosigan con un uso abusivo" del concurso de acreedores que, según la funcionaria, se comprueba con una "inadmisible" prolongación de los plazos (18 años de trámite concursal) tendiente a licuar su pasivo". Con la supuesta maniobra, la empresa habría logrado un "presunto vaciamiento progresivo" del Correo, algo ya denunciado por la Fiscalía.

En agosto pasado estuvo en el Congreso donde acusó al procurador general interino Eduardo Casal de perseguirla y difamarla, por abrirle un sumario disciplinario por denuncias de maltrato. “Se busca destruirme a mí como persona, a mi trayectoria", afirmó. "Considero que el procurador Casal me está persiguiendo", se defendió entonces.

La jueza Marta Cirulli

De larga carrera judicial, tomó la causa de la quiebra y fue cuestionada en cada paso que dio por los abogados de la empresa postal que la acusaron de favorecer y dar lugar a todos los pedidos que fue impulsando el Procurador del Tesoro Carlos Zannini.

De hecho fue recusada junto a la fiscal cercana al kirchnerismo Gabriela Boquín por los representantes de Socma SA, la controladora del Correo. Aunque la Cámara Comercial la ratificó en el expediente.

Durante la instrucción del caso de la quiebra siempre se paró del lado de la fiscal Boquín, quien también rechazó las propuestas de la empresa y siempre se alineó con las posturas del kirchnerismo.

En la Justicia la definen como una magistrada de carrera, con largo recorrido en el sistema judicial y que por la edad que tiene, unos 68, ya debería ser camarista. La causa Correo, argumentan algunos, la agarró en una etapa final de su carrera y aventuran que "le quedó grande". Siempre tuvo un perfil bajo y el expediente del Correo la obligó a exponerse.