En el marco de la causa donde se investigan supuestas irregularidades en el contrato por la compra de 22,4 millones de vacunas a AstraZeneca, el fiscal federal Guillermo Marijuan intimó a la ministra de Salud, Carla Vizzoti, para que no se realice ninguna modificación en el contrato con el laboratorio ante los retrasos expuestos en la entrega de dosis, sin previo aviso a la fiscalía que lleva el caso.

Fuentes judiciales señalaron que podría firmarse una prórroga "que no correspondería, porque se debería aplicar una multa por los plazos incumplidos".

Mientras crece el escándalo por las negociaciones fallidas entre el Gobierno y Pfizer para la provisión de 14 millones de vacunas, la Justicia investiga un contrato que sí se llegó a firmar y que además, está siendo analizado por la Auditoría General de la Nación (AGN). Se trata del acuerdo con Astrazeneca y que por los retrasos en la entrega de dosis es investigado en Comodoro Py.

A Astrazeneca se le requirieron un total de 22.429.842 de dosis. A la fecha la Argentina ha abonado el 55,68% del total del contrato aunque.

El mismo se trata de "un contrato de pago anticipado", explicó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero cuando fue citado a declaración testimonial por Marijuan en el mismo expediente.

Bajo la firma de ese acuerdo, según la información brindada por el jefe de ministros, nuestro país recibió la cantidad de 2.148.600 dosis. Esta entrega, sumada a una anterior de 843.600, totalizan al día de la fecha 2.992.200 dosis entregadas, apenas por encima del 10% de los pactado.

Si bien Cafiero sostuvo que "el período de inicio de cumplimiento para la entrega de vacunas se pactó para el primer semestre 2021, con lo cual las entregas registradas se encuentran dentro del periodo de cumplimiento previsto", después habló sobre "la demora en las entregas de vacunas", y que la misma "ha sido una situación constante para todos los productores (ya sea laboratorios privados o producción pública) y para todos los Estados adquirentes".

Mientras la fiscalía busca desentrañar estos lazos y el motivo por el que se retrasaron las entregas acordadas de vacunas, envió una intimación a la ministra Vizzoti, para plantear que no se deben realizar modificaciones en el contrato con Astrazeneca "sin previo aviso a la justicia".

En ese marco la Justicia busca evitar un "mayor perjuicio para el Estado" en caso de conceder una prórroga a favor del laboratorio.

La investigación busca determinar si el Estado pudo haber sido víctima de una negociación con AstraZeneca que no tuvo el resultado deseado.

"Esto no quiere decir que luego pueda haber otros aspectos que deban ser analizados respecto del comportamiento de los funcionarios", explicaron fuentes vinculadas a la investigación.

rob