Como se esperaba, arrancó en la Argentina el proceso de judicialización del aborto.

Una jueza chaqueña hizo lugar a una medida cautelar presentada por particulares que pidieron la suspensión en la provincia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), decisión considerada como "antidemocrática" por representantes de organizaciones feministas. La medida fue dictada por la jueza de feria, Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº19 de la ciudad de Resistencia.

La decisión se conoce tras el revés que afrontaron los grupos que rechazan el aborto legal, denominados "provida", en Salta, donde la Justicia habilitó la feria judicial para rechazar un recurso colectivo interpuesto, entre otros, por la ex senadora nacional María Cristina Fiore Viñuales.

"No ha lugar por improcedente", sostuvo en su escrito el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio.

La abogada Marisa Herrera, especialista en Derecho de Familia y miembro del equipo que redactó el nuevo Código Civil, destacó la importancia de ese fallo: "Si bien los argumentos del juez salteño fueron muy escuetos, focalizados en cuestiones procesales, destaco que la intención de voltear el Protocolo Nacional y su aplicación, no tuvo cabida en el Poder Judicial salteño ", afirmó.

Además, Herrera señaló que el planteo judicial lleva el acompañamiento letrado de tres hombres (Vanossi, Bianchi y Barra) "que en mi opinión, forman parte del derecho constitucional patriarcal, de una doctrina constitucional perimida, conservadora y atrasada". Para Bustamente, la estrategia de judicializar la ley impulsada por sus opositores "carece de lógica, siendo una de las leyes más debatidas en la historia de nuestro país, en las calles, en las aulas y que cumple con todos los tratados y convenciones a las que este país suscribió en materia de derechos humanos".

Junto con la IVE, el parlamento también aprobó la ley del Plan Mil Días, de cuidado integral de salud en el embarazo y la primera infancia.