La expectativa de la vicepresidenta Cristina Kirchner era que con el Frente de Todos instalado en el poder, y su delegado Alberto Fernández como presidente, las causas judiciales en su contra irían cayendo con efecto dominó. Pero por ahora esa perspectiva no se cumplió.
El frente judicial de la ex presidenta no logró las mejoras esperadas y el 2021, un año electoral, se esperan resoluciones judiciales que pueden sumarse a ese abanico de procesamientos, juicios orales y expedientes que la señalan como la principal acusada de operaciones de lavado de dinero y maniobras de corrupción.

A la par, el avance de algunas causas y juicios también pueden complicar a ex funcionarios como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López y a empresarios cercanos como Lázaro Báez, Cristóbal López.

"En febrero van a ir por Cristina", dicen los sectores ultrakirchneristas, con Amado Boudou, Hebe de Bonafini y Luis D'Elía a la cabeza.

La vicepresidenta instaló en diciembre de 2019 -antes de jurar en el cargo-, cuando declaró en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, que todos los procesos judiciales en su contra respondían al lawfare, a una persecución política para dañarla que es esgrimida por casi todos los mandatarios latinoamericanos que terminaron investigados por corrupción. Tras la feria judicial de verano, el 10 de febrero, se escuchará la sentencia contra Lázaro Báez, el ex socio comercial de Cristina Kirchner acusado de haber la dinero por u$s 60 millones.

Ese expediente no incluye a la vicepresidenta, pero tiene como delito precedente los contratos viales, que son los que la llevaron por primera vez al banquillo de los acusados en el juicio de Vialidad.

La justicia sostiene que ese dinero es el que volcó a operaciones de blanqueo el dueño del Grupo Austral, mientras mantenía una relación comercial con los Kirchner: un terreno en condominio, compra venta de inmuebles, administración de hoteles, alquiler de propiedades, construcción de edificios, entre otros.

Durante el primer semestre el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) busca dar inicio al juicio que tiene a Cristina acusada de encubrimiento del atentado de la AMIA por la firma del Pacto con Irán. El caso inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Por otro lado, el TOF 5 que automáticamente renueva las intervenciones sobre las empresas de la familia Kirchner -todas sospechadas de haber sido utilizadas para lavar fondos, busca iniciar el juicio que llevará a Máximo y a Florencia Kirchner, junto a su madre, al banquillo de los acusados por primera vez. La fecha estimativa de inicio del caso conocido como Hotesur y Los Sauces es a finales del segundo semestre.

Todo está por verse aún, porque aguardan los resultados de una pericia contable que será determinante, y que podría entregarse a mediados de 2021.

Con la ratificación de la Cámara de Casación de la Ley del Arrepentido y el aval a los 31 imputados colaboradores del caso Cuadernos de las Coimas, el TOF 7 tiene vía libre para avanzar en las instancias previas hasta fijar una fecha de inicio del juicio oral. La vicepresidenta es la principal acusada.