El conflicto en Colombia continúa estancado en una negociación tensa y sin fin.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) rechazaron el proceso de excarcelación de rebeldes dispuesto por el presidente Alvaro Uribe e insistieron en que liberarán a los rehenes en su poder sólo a través de negociaciones con el gobierno.

"Las FARC rechazan las falsas promesas de quienes pretenden convertir el clamor nacional por el intercambio humanitario en propaganda para curar las heridas causadas por la política neoliberal y terrorista de un régimen ilegal como el de Uribe", sostuvo la organización en un comunicado.

Uribe anunció días atrás que liberará antes del 7 de junio a los rebeldes presos en cárceles colombianas, proceso que se inició el viernes con el traslado de 180 guerrilleros de varios penales del país hacia el presidio Normandía, ubicado en la ciudad de chiquinquirá, en la región central.

La apuesta del mandatario es lograr sensibilizar a las FARC para que liberen a los rehenes en su poder, entre ellos a la ex candidata a la vicepresidencia, Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y varios políticos colombianos, luego de infructuosos intentos de negociar un canje humanitario.

Sin embargo, las FARC consideraron que la medida "carece de realismo político y seriedad" e insistieron en que la liberación de reclusos y secuestrados debe ser "el resultado de acuerdos entre el Estado y la insurgencia revolucionaria en el que se definan criterios, tiempos, nombres, garantías, veedurías y mecanismos".

Los rebeldes reiteraron que las condiciones para concretar un canje humanitario es la desmilitarización de los municipios de Florida y Pradera, en el suroeste colombiano, exigencia que rechaza Uribe.

Además, acusaron al gobierno de "inflar" la cantidad de rebeldes presos que pretenden acogerse al beneficio de excarcelación "metiendo en un sólo saco a guerrilleros que rechazan el tramposo ofrecimiento, desertores que traicionaron a las FARC y por su decisión dejaron de ser guerrilleros".

En estos casos dijeron que "naturalmente no son ni pueden ser, parte de ningún canje y población civil, acusada de guerrillera".

Según el gobierno, unos mil rebeldes manifestaron querer beneficiarse con la excarcelación, medida que implica renunciar a la guerrilla y trabajar junto a las autoridades en un "proceso de paz" bajo vigilancia de un país extranjero o de la Iglesia católica.