En una decisión detrás de la cual algunos observan un creciente enfrentamiento entre el oficialismo y el Grupo Clarín -accionistas de Telecom y de Cablevisiójn- el Gobierno declaró a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como un servicio público y esencial, y congeló sus tarifas hasta el 31 de diciembre. Así lo anunció el presidente Alberto Fernández en una serie de mensajes en Twitter en los que adelantó detalles del decreto de Necesidad y Urgencia que será publicado en las próximas horas.

"Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas", dijo Fernández.

El jefe de Estado agregó que "también hemos dispuesto congelar hasta el 31 de diciembre las tarifas telefónicas, de internet y de televisión paga". Todo en el contexto de la pandemia por el coronavirus, según esgrimió.

"Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios", señaló.

Fernández manifestó que de esta forma el Estado recupera "herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado".

"El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado", expresó el Presidente.

"La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen", manifestó.

La medida se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020. "Tampoco habrá aumentos de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado", indicaron en el Gobierno.

Para comienzos de septiembre, estaba prevista una suba de precios en la telefonía celular e Internet. La misma ya había sido comunicada a los clientes, a través de avisos y mensajes de texto.

"Se resuelve también que el Estado recupere las herramientas regulatorias", explicó el Poder Ejecutivo en una comunicación. Para los privados, no está claro a qué se refiere.

Los "servicios públicos" están bajo un marco de regulación intensiva. Una distribuidora eléctrica o de gas debe avisarle todo a su regulador. Los reguladores tienen toda la información de sus regulados, algo que no sucede tan férreamente cuando se trata de sectores que pueden establecer sus precios.

"La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y la comunicación son derechos básicos. Por eso se ha decidido que habrá planes inclusivos de prestación básica universal y obligatoria para los que menos tienen", señalaron en el Gobierno.

Los precios de telefonía celular e Internet iban a aumentar entre 10% y 11% desde septiembre. Eso ya había sido anunciado por las empresas. El Poder Ejecutivo se adelantó a esa situación.

"Ninguno de ellos es servicio público: ni el celular, ni la tevé paga ni la conexión a Internet", caracterizó una fuente del sector. "La telefonía fija era servicio público y tenía el precio regulado, pero eso ya fue dejado de lado". añadió, Las empresas proveedoras de este servicio habían conversado con el Enacom sobre la posibilidad de mantener packs "inclusivos", con prestaciones básicas que no iban a aumentar.

En la anterior gestión kirchnerista, hubo un cambio regulatorio en las telecomunicaciones. Se discutió si la telefonía celular debía ser servicio público. Los diputados del Frente para la Victoria (lo que hoy es Frente de Todos), que eran mayoría, lo rechazaron.

"La infraestructura (el tendido) por lo que corren las redes es considerado servicio público. Pero la prestación del servicio es privado y no alcanzada por las regulaciones de servicio público".

La decisión oficial llega a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Sin haberlo visto aún, abogados consultados señalaron que cambiar un servicio para hacerlo "público" requiere de la aprobación legislativa.

La medida fue caracterizada como una defensa del poder adquisitivo de los consumidores. Sucede en medio de las restricciones a la actividad económica por la pandemia.