La Comisión de Fiscales Anticorrupción de Bolivia acusó formalmente este lunes al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, de cometer el delito de terrorismo, y pidió su detención preventiva.

En concreto, la causa se sustenta en una serie de audios en los que una voz, atribuida al ex mandatario, instruye a un dirigente cocalero a bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a distintas ciudades en el marco de los disturbios sociales catalizados por las elecciones fraudulentas en el país.

La investigación había comenzado el pasado 20 de noviembre, luego de que el ministro de Gobierno de la administración interina de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, publicara la información.

En ese entonces, el gobierno presentó los cargos de “sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo”, y dos fiscales pidieron que se aprehendiera a Morales y se lo llevara a comparecer ante la fiscalía.

No obstante, para el momento en que se libró la orden -en diciembre de 2019- Morales ya se encontraba instalado en Argentina, cuyas autoridades indicaron que tenía “estatus de refugiado” y que no aceptarían extraditarlo.

Este lunes los fiscales decidieron imputar formalmente a Morales y pedir su detención, en lo que representa el primer movimiento significativo de la causa contra Morales desde entonces.

Según consignó el medio local El Deber, un informe del Centro Tecnológico de Investigación de Colombia determinó hace más de cuatro meses que había una “alta probabilidad de identificación” entre la voz del audio y la del ex mandatario.