La jueza comercial Marta Cirulli ordenó la intervención con desplazamiento total del órgano de administración de Correo Argentino S.A. hasta que concluya el proceso de cramdown o salvataje de la empresa. De esta manera, la magistrada hizo lugar a sendos pedidos en ese sentido, hechos por la fiscal Gabriela Boquin y del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini.

En su dictamen, la representante del Ministerio Público había advertido que luego de más de 15 años de ordenado el salvataje de la sociedad comercial, se perpetraron actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa, violando lo dispuesto en la ley de Concursos y Quiebras.

Boquin señaló en su momento que agravaron las circunstancias que motivaron la designación en septiembre del año pasado de un coadministrador actuante. En ese sentido, destacó que se ha registrado un aumento del pasivo posconcursal sobre cuyo monto real no hay certezas.

Entre otras irregularidades, la fiscal advirtió oportunamente que la concursada ha estirado de manera inadmisible y exasperante los plazos procesales con la consiguiente licuación del pasivo afectando no sólo al Estado nacional sino también a los restantes acreedores.

Además, en infracción a la ley de Concursos y Quiebras, celebró un contrato de locación de servicios y bienes con Sideco Americana y la compra del paquete accionario de la firma Neficor S.A. a Socma Americana S.A. sin obtener beneficio alguno. También el presunto vaciamiento progresivo de la empresa mediante pagos que están cuestionados y en investigación.