Tras su fin de semana de furia, el gobernador Axel Kicillof convocó a los más de 60 intendentes de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires e intentará destrabar la aprobación de la suba de impuestos, ofreciendo acotar el alza del 75% en el impuesto inmobiliario y agilizar la distribución de partidas a los municipios incorporadas en la Coparticipación.

Kicillof intentará aprovechar las necesidades de algunos jefes comunales opositores, que dependen en buena parte de la coparticipación que reciben de la Provincia, para sumarlos como socios en la pelea. "Tengo una cita para el 2 con los intendentes de la oposición, porque el otro dia, antes de fin de año, me reuní con los intendentes del oficialismo", especificó Kicillof.

La convocatoria, remarcan los jefes comunales opositores, fue previa al fracaso de la sesión y sería una suerte de presentación formal luego del recambio de gobierno. Sin embargo, en medio de la tensión por la suba de impuestos, se descuenta que el tema se colará en el encuentro.

"Queremos explicarles a los intendentes la idea de la ley y ver si tienen cosas para sumar. Estamos abiertos al diálogo", dijeron cerca del gobernador. También por radio, el intendente radical de San Isidro, Gustavo Posse, uno de los de mayor peso en la oposición, señaló que "hay que dialogar" sobre el incremento del impuesto inmobiliario y advirtió que "no se puede negar la Ley Impositiva porque no se puede negar la posibilidad de gobernar".

“Tiene que haber flexibilidad por parte del nuevo gobierno de la provincia de Buenos Aires y también tiene que haber flexibilidad y apoyo por parte de todos los legisladores, oficialistas y de la oposición", agregó Posse. En el kirchnerismo hacen una distinción entre dos grupos de intendentes de Juntos por el Cambio. "Jorge Macri y (Julio) Garro son los más duros porque ellos no necesitan de la plata que manda la Provincia. Pero vamos a ver qué dicen los radicales del interior, o (Guillermo) Montenegro si no hay actualización de los impuestos", indicaron desde la gobernación.

Macri y Garro son de Vicente López y La Plata y consiguieron su reelección en octubre. Están con las cuentas más holgadas. Montenegro, en cambio, acaba de asumir en Mar del Plata, una ciudad con los números en rojo oscuro luego de la gestión de Carlos Arroyo, que ganó en 2015 por Cambiemos pero después fue apartado del espacio por su mala administración. A Néstor Grindetti, de Lanús, otro de los negociadores, en el kirchnerismo lo ubican en un punto intermedio: "Creemos que se alineó por obediencia partidaria".

Para sumar condimento a la interna, el viernes hubo una reunión en la localidad bonaerense de Rivadavia, de la que participaron siete jefes comunales radicales y vecinalistas con Emilio Monzó, el ex titular de la Cámara de Diputados nacional que comenzó su propio armado pensando en 2023. "En la reunión se analizó cómo seguir trabajando desde la legitimidad territorial y terminar con el dedo porteño. Más allá de comentar la situación y de que se trata de intendentes con peso en la legislatura bonaerense, el tema de la suba de impuestos no fue el tema de la reunión. Nuestra postura, de todos modos, siempre es de diálogo. En eso, Emilio tiene toda la disposición por convencimiento de lo que cree en la política", señaló a este diario una fuente cercana a Monzó.

El 75% que traba el acuerdo

La suba de impuestos que propuso Kicillof tiene un promedio de incremento cercano al 55%, en línea con la inflación con que terminará este 2019. Pero como los aumentos son progresivos -pagan más los que más tienen y viceversa-, se propone que los dueños de casas más caras y de cambios con más de 2.000 hectáreas soporten subas de hasta 75%. Es el punto que Juntos por el Cambio pidió modificar y el gobernador, por ahora, no accede.

Kicillof aceptó dejar afuera de ese incremento tope del inmobiliario rural a una parte de los contribuyentes que estaban incluidos en el proyecto original, pero sigue habiendo un grupo alcanzado por el 75%. Desde Juntos por el Cambio piden que nadie pague más de 58% o 59%.

Y la oposición tiene la llave para aprobar (o frenar) la iniciativa. En el Senado bonaerense, la cámara donde ingresó primero el proyecto, Juntos por el Cambio tiene 26 de los 46 integrantes. Los 20 restantes son K. Sí o sí, Kicillof necesita acordar al menos con una parte de esos legisladores.