El enorme poder de la Justicia federal -que fue un dolor de cabeza para Cristina Kirchner- tiene los días contados, o al menos eso creen en el Gobierno.

El presidente Alberto Fernández? apura una reforma de la Justicia federal con el fin de fusionar su funcionarios con los fueros Penal Económico y de Instrucción, lo cual representaría un recorte de poder para los poderosos magistrados de Comodoro Py.

"Lo que pasa ahí es un estropicio", aseguró el jefe de Estado, y le encargó a su ministra de Justicia, Marcela Losardo, y en el poderoso secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, avanzar de inmediato con cambios.

"No debe haber jueces que sobresean a los que gobiernan. Pero tampoco, que persigan a los opositores, como pasó durante el macrismo", sostiene el jefe de Estado.
La reforma pretende impulsar el sistema acusatorio, esto es apurar la implementación racional del procesal penal.

Más jueces federales (licuando así el poder de la docena actual de magistrados que se ocupan, centralmente, de las causas de corrupción) y todo el poder de instrucción a los fiscales. En el caso de los jueces, el proceso es más sencillo: con una ley, se cambia la denominación a los magistrados y se puede sumar al lote de jueces federales a los del fuero penal económico y/o a los de instrucción: así, habría más magistrados como los 12 actuales de Comodoro Py con el mismo Código Procesal Penal.

Las sesiones extraordinarias de enero están citadas para el día 22 pero podría haber un adelantamiento, con la dificultad de movilizar a los empleados legislativos de apuro, en medio de vacaciones y licencias. Cuando esa metodología se resuelva, el texto del proyecto llegará a las manos de Cristina Kirchner, titular del Senado; de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y de Máximo Kirchner, jefe de bloque de los diputados del Frente de Todos.