Ahora también desde el propio Gobierno se cree que Fulvio Madaro, el expulsado presidente del Enargas, pudo haber incurrido en irregularidades en el proceso de ampliación de los gasoductos, que quedó bajo sospecha a raíz del caso Skanska.

La Sindicatura General de la Nación (Sigen), el órgano de auditoría interna del Poder Ejecutivo, emitió un duro informe sobre el papel en el Enargas en aquella gestión y derivó a la Oficina Anticorrupción una denuncia en la que señala que el ente regulador del gas "presenta debilidades de control interno", que incumplió protocolos de contratación y, sobre todo, que no puede justificar un importante sobreprecio.

El documento de la Sigen es terminante: no sólo denuncia cada una de esas supuestas fallas en los controles del ente regulador, sino que dedica un apartado especial a comentar "un incremento del costo de 34 millones de dólares" en la obra de amplicación del Gasoducto Sur.

El contenido del informe marca un cambio drástico en la versión oficial sobre el escándalo: hasta ahora, las autoridades señalaban que se trató de "corrupción entre privados" y que no existían indicios para inculpar a Madaro, a quien el presidente Néstor Kirchner removió la semana pasada tras conocer que la Justicia lo citaba como acusado.

La novedad desbarata incluso la notificación de un decreto oficial, el emitido anteayer para anunciar la intervención del Enargas. Decía aquel texto firmado por el Presidente: "Si bien de los informes de control habituales no surge noticia de la existencia de anomalías de gravedad en el Enargas ( ), al aparecer cuestionada su actuación en hechos sobre los que se requiere un preciso esclarecimiento, se hace necesario disponer una intervención transitoria".

Ese párrafo había sido leído el lunes en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que impuso a su segundo, Juan Carlos Pezoa, como interventor en el organismo.

Curiosamente, el informe de la Sigen fue girado a la Oficina Anticorrupción, a los dos jueces que investigan la causa Skanska, a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio de Planificación y al Presidente el viernes pasado, según fuentes oficiales.

La dureza del informe revelado ayer alentó suspicacias relacionadas con la disputa que -según señalan en el oficialismo- existe entre el jefe de Gabinete y el ministro de Planificación, Julio De Vido, a quien respondía Madaro.

El titular de la Sigen, Claudio Moroni, mantiene una estrecha relación con Alberto Fernández desde el tiempo en que eran compañeros en la Facultad de Derecho. Moroni, incluso, fue quien en 1995 sucedió al actual jefe de Gabinete en el despacho principal de la Superintendencia de Seguros, lugar que ocupó hasta que Kirchner lo nombró síndico general de la Nación.

El informe incluye un extenso descargo del Enargas, firmado por el propio Madaro. Pese a eso, los auditores acusan: "Con relación ( ) al informe circunstanciado del Enargas, no se considera que contenga información valorizada y suficiente. La mención de circunstancias que pueden justificar incrementos no es suficiente, si no va acompañada de una adecuada valoración de sus efecto en el costo".

Más adelante, el documento de la Sigen completa el juicio: "No hay elementos que permitan evaluar la razonabilidad del aumento" en los precios del Gasoducto Sur.