En lo que representa otra consecuencia costosas de las políticas aplicadas durante el kirchnerismo, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el pedido argentino en la demanda por la nacionalización de YPF, por lo que continuará en los tribunales de Nueva York. La Argentina había solicitado que el caso se siga en tribunales argentinos con el argumento de que existía una falta de jurisdicción de los tribunales norteamericanos para analizar la demanda que inició el fondo buitre Burford tras la reestatización impulsada por la entonces presidenta Cristina Kirchner.

Con el fallo del máximo tribunal estadounidense, la causa pasa de manera automática a la jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, quien a comienzos de junio había fallado en favor del pedido de Argentina.

El fondo buitre Burford reclama más de US$ 3.000 millones.

Este fondo compró aparentemente los derechos de litigio de las dos empresas que eran propietarias de 25% de las acciones de YPF cuando se nacionalizó. El argumento del fondo buitre Burford fue que en el prospecto de la privatización se estableció que si en algún momento se producía un cambio de titularidad, el accionista mayoritario debía darle la oportunidad a los accionistas minoritarios de comprarle las acciones, algo que no ocurrió durante la estatización, según argumentan.

Así las cosas, los demandantes sostienen que al momento de la estatización no se cumplió con los estatutos de la compañía, según los cuales quien se quedara con el 51% debía hacerle una oferta al resto de los socios. Un resultado adverso a YPF podría costarle al Estado unos US$ 3.000 millones. Burford es un megabufete que compra juicios por poca plata con la expectativa de ganar mucho un tiempo después.

En mayo, el Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump había recomendado rechazar el pedido argentino, en un paso previo al pronunciamiento de la Corte. Antes, la Procuración General del Tesoro estadounidense había solicitado "writs of certiorari", una salida legal para que la disputa se resuelva en Argentina, que es donde se expropió YPF. Según la defensa argentina, el juicio en Estados Unidos terminará resultando favorable a la Procuración General del Tesoro e YPF. Estiman que el proceso podría tomar hasta 4 o 6 años.