En una decisión contundente que exasperó al presidente del Brasil, Jai Bolsonaro, la Corte Suprema de ese país votó por 8 votos contra 3 criminalizar la homofobia.
Se trata de un paso clave para proteger a las minorías sexuales en uno de los países con mayor cantidad de asesinatos de personas LGBT en el mundo.

El Supremo Tribunal Federal equiparó la homofobia al delito de "racismo".

El Congreso, que cuenta con una mayoría conservadora y está fuertemente influenciado por las iglesias pentecostales, deberá formular una ley específica para castigar ese tipo de discriminación. “Todo prejuicio es violencia. Toda discriminación es causa de sufrimiento, pero aprendí que algunos prejuicios causan más sufrimientos que otros, porque son heridas que castigan a la persona ya desde su hogar, aparta padres de hijos, hermanos, amigos, por la simple circunstancia de intentar vivir lo que se lleva como esencia y que no cumple con el disfraz socio-político determinante”, afirmó la jueza Carmen Lucia al votar a favor.

Bolsonaro expresó su rechazo al fallo. “Es totalmente equivocado”, afirmó y deslizó un curioso 'razonamiento': dijo que la decisión perjudicará a los propios homosexuales.

Según su visión, esa minoría tendrá "dificultades en conseguir trabajo porque, de ser despedidos, los empleadores podrían ser acusados de homofobia".

Lo curioso, además, es que Bolsonaro desmintió estar en contra de los gays, pero aclaró que es un defensor de la familia tradicional. Según la ONG Grupo Gay da Bahía, que recoge estadísticas nacionales desde hace cuatro décadas, en 2017 hubo 387 asesinatos y 58 suicidios por “homo-transfobia”, un 30% más que en 2016. Esto implica la muerte por suicidio o asesinato de una persona LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero) cada 19 horas en Brasil.

La máxima corte del país criticó al Poder Legislativo porque fue "omiso”, es decir eludió aprobar hasta ahora una ley que permita castigar este tipo de conductas.

Los tres jueces que votaron en contra consideraron, sin embargo, que la criminalización de la homofobia es responsabilidad del Congreso y no del tribunal. “Solamente el Parlamento puede aprobar (la definición de) delitos y penas; sólo el Parlamento puede legislar sobre conducta penal”, opinó el juez Ricardo Lewandowski. Los actos de racismo en Brasil son pasibles de uno a tres años de prisión o de multas. Esto valdrá ahora para los actos de “homo-transfobia”.