El 21 de mayo próximo la ex presidenta Cristina Kirchner deberá sentarse por primera vez en el banquillo de los acusados en el marco de las múltiples causas de corrupción en su contra.

Ocurre luego de que la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal dispuso que el tribunal oral federal 5 (TOF5) decidió continuar a cargo del juicio oral de la causa por lavado de dinero en la inmobiliaria "Los Sauces".

Será en la causa de de direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, que tramita el TOF 2.

Este Tribunal había rechazado hace dos semanas acumular a ese debate la causa "Los Sauces", como había pedido la defensa de la ex presidenta.

La sala I del máximo tribunal penal está integrada por Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana Figueroa y así busca darle celeridad a estos juicios orales.

Los jueces sostuvieron que avanzar en la acumulación de las dos causas podría atentar contra los principios de economía procesal y celeridad que rigen las causas penales, explicaron los informantes.

"Se atentaría de forma palmaria contra los principios de celeridad y economía procesal que guían el proceso penal y, además, se conculcaría el derecho que poseen los acusados de obtener un pronunciamiento judicial rápido que ponga fin a la incertidumbre propia de un procedimiento de estas características", sostuvieron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Fabián Basso.

En ese sentido, remarcaron que hay imputados que arriban al juicio oral y público cumpliendo detención preventiva como Carlos Santiago Kirchner (primo del ex presidente fallecido Néstor Kirchner) y el contador de los ex presidentes Víctor Alejandro Manzanares, por lo que se verían perjudicados con cualquier medida que retrase el inicio del debate oral.

El TOF 2 tiene la causa conocida como "Vialidad" en la que se ventilará el supuesto direccionamiento de la concesión de obra pública vial en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

El TOF 5, por su parte, tiene asignado por sorteo el juicio en el que se discutirá el supuesto pago de retornos por parte de empresarios de la obra pública a la familia ex presidencial a través de negocios inmobiliarios.