Cristina Kirchner otra vez ante la Justicia.

La ex presidenta deberá presentarse en los Tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa de los Cuadernos de las coimas.

El juez Claudio Bonadio dispuso un nuevo llamado a indagatoria para la ex mandataria y también para un importante grupo de empresarios vinculados a la obra pública, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del Presidente.

Además, deberán declarar nuevamente por este tramo de la causa los ex funcionarios Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, entre otros.

En total, Bonadio citó a 101 personas, que a un ritmo de entre ocho y diez indagatorias por día, comenzarán a declarar el 20 de febrero, hasta cerrar el ciclo con la declaración del ex ministro de Planificación Federal.

Según entiende el juez, la ex presidenta lideró una "comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal" y en la que los distintos funcionarios intervinientes "operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria".

Para determinar cómo estaba armada esa organización, Bonadio tomó indagatorias a ex funcionarios y empresarios que participaron o conocían el área de las concesiones y subsidios al transporte y los corredores viales. Con la información recabada, el juzgado avanzó en una nueva citación contra la ex mandataria vinculada al tramo de la causa que investiga los contratos de obra pública para más de 70 empresas.

Varios empresarios también deberán comparecer ante la Justicia otra vez. El listado está conformado por Carlos Wagner, Juan Chediack (ambos ex titulares de la Cámara Argentina de la Construcción), Ángelo Calcaterra, entre otros. Volverán a Comodoro Py todos los empresarios ya indagados en la primera parte de la causa. Las indagatorias comenzarán el 20 y De Vido será el último en declarar. Por pedido de los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, antes de concretar este nuevo llamado a indagatoria, el Juzgado impulsó 82 operativos.

En ellos requirió información a 71 empresas en 14 provincias. Esas compañías estuvieron involucradas en la causa a raíz de los contratos obtenidos durante la gestión kirchnerista.

La sospecha de la Justicia es que se pagaron sobornos para la adjudicación de alrededor de un centenar de licitaciones, que fueron cobrados por ex funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, que conducía De Vido.