Las máximas autoridades del organismo antilavado, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, presentaron un escrito de 200 páginas en el que solicitaron al juez federal Julián Ercolini que el caso pase a la instancia de debate oral y público.

En el escrito, los responsables de la UIF sostuvieron que en el caso Hotesur es una de las causas en la que habría quedado en evidencia "una asociación ilícita destinada a apoderarse de los fondos públicos, y el reciclaje que se efectuó a posteriori y que conformara el desapoderamiento del dinero público".

Los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, habían solicitado lo mismo en diciembre en el marco de la causa que alcanza a otros 18 imputados, entre los que se encuentran los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario detenido Lázaro Báez.

Se trata de la causa iniciada en noviembre de 2014, cuando la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer denunció una supuesta operatoria inmobiliaria, con alquiler de hoteles de la familia Kirchner, para justificar el cobro de dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas.