Aunque reividicó la postura del Gobierno de que en Skanska hubo "corrupción entre privados", el ministro del Interior, Aníbal Fernández, defendió la decisión de echar a dos funcionarios que fueron citados a declarar en el marco del denominado caso Skanska.

Fernández dijo que la determinación se debió a que "no se puede desde el Estado amparar" a alguien que está siendo investigado.

"El Presidente no ha hecho otra cosa que cumplir con lo que se había comprometido", sostuvo Fernández, al defender la decisión oficial de separar de sus cargos a Fulvio Madaro, hasta ayer titular del ENARGAS, y Néstor Ulloa, gerente de Fideicomisos del
Banco Nación.

Recordó al respecto que el presidente Néstor Kirchner había señalado que si había funcionarios que pudieran estar involucrados en un caso de coimas, los echaría.

Fernández aclaró que el Presidente "no está juzgando a los funcionarios, porque aún no han sido juzgados por el poder jurisdiccional".

"Lo que está diciendo el Presidente es que si hay alguna duda, no puede el Estado amparar como lo ha hecho históricamente a un funcionario o permitir que el funcionario pida una eximición de prisión como se ve en otras jurisdicciones, porque entonces sí
habría una suerte de posible encubrimiento por parte del Estado o de fortalecimiento del funcionario para que no dé las explicaciones que tenga que dar", señaló el ministro.

Ratificó de todos modos la versión inicial del Gobierno en cuanto a que el caso Skanska involucraría presuntos pagos indebidos "entre privados".

Fernández pidió además "no ejecutar" a los funcionarios echados y aseguró que si la Justicia determina que Madaro y Ulloa son inocentes, se los reivindicará.