La Iglesia católica y el Gobierno comenzaron a dar los primeros pasos para renunciar, de "manera gradual", al aporte económico por sostenimiento parte del Estado.

Así lo confirmó ayer la Conferencia Episcopal Argentina mediante un comunicado, donde detallaron que la decisión estará supeditada a la entrada en vigencia de un nuevo sistema de sostenimiento del culto católico, por lo que se están analizando “nuevas alternativas” con las autoridades nacionales.

En base al artículo 2 de la Constitución y a un decreto de 1979, los obispos reciben una asignación mensual que hoy promedia los 40 mil pesos, mientras que los párrocos de frontera y los seminaristas menores reciben una pequeña ayuda, lo que implicaría un una erogación del Estado de poco más de 130 millones de pesos para este año.

En el texto se enuncia además que entre ambas partes “se acordó seguir profundizando dichas alternativas y estudiar propuestas, con el fin de ir resignando de manera gradual, las asignaciones que reciben los obispos de parte del Estado Nacional”.