Era un secreto a voces en el mujndo de la política, que Astillero Río Santiago era una gran caja negra para hacer política que Daniel Scioli utilizó como a tantos otros organismo del Estado bonaerense.
Ahora, un informe arrojó un poco más de claridad sobre ese monumento, otro más, a la corrupción política y sindical que cuesta sangre, sudor y lágrimas a millones de argentinos.
Según una investigación de Periodismo Para Todos, en la fábrica "hay falsos empleados, descuentos salariales indebidos, jubilaciones truchas y bonos por productividad en una fábrica que hace casi diez años no termina una embarcación". Son algunos de las maniobras que investiga la justicia tras denuncias del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El informe reveló que el funcionamiento operativo del astillero insignia de la industria naval argentina incluye algunos agujeros que le hacen perder al Estado millones de pesos por año.

Según denuncian desde la administración de María Eugenia Vidal, el astillero Río Santiago se convirtió "en un barril sin fondo". El presupuesto del establecimiento se cubre, en un 99%, con los aportes que hace el gobierno bonaerense. Sólo el 1% es financiado con las propias operaciones del astillero, que este año le demandó al Estado un gasto de 3.600 millones de pesos, la gran mayoría para los sueldos del personal.

Ahí es donde comienzan a observarse los primeros agujeros. De acuerdo con la denuncia, el sindicato estatal ATE, en su seccional Ensanada, que representa a los empleados de Río Santiago, realiza descuentos de 1.600 pesos a todos los trabajadores en concepto de "gastos de almuerzo".

Pero de los 3.300 trabajadores, sólo 1.200 utilizan el comedor del astillero, por lo que en términos reales sólo se usa un tercio de los aportes retenidos. Esta diferencia representa unos 51 millones de pesos que alimentan las cuentas del sindicato, uno de los que más huelgas y movilizaciones impulsan contra el macrismo.

Otra maniobra que investiga la justicia es el régimen jubilatorio de los trabajadores del astillero.

Existió durante un tiempo un acuerdo para que los empleados que iniciaran sus trámites de retiro queden "dispensados" de trabajar como modo de "adaptación" a la jubilación, por la cual dejaban de trabajar la jornada completa paulatinamente hasta que finalizaban el proceso.

Lo que denuncia ahora el Gobierno bonaerense es que en realidad hay una porción de los trabajadores supuestamente jubilados, en realidad continúan cobrando su salario cuando ya dejaron de acudir a sus puestos de trabajo.

Esos sueldos representaron un gasto de unos "116 millones de pesos más".

Pero además, durante algunos años los trabajadores del astillero se vieron beneficiados por la interrupción del pago del Impuesto a las Ganancias, lo que podría implicar un "fraude fiscal".

El secretario general de ATE Ensenada, Francisco Banegas, admitió que "puede ser que en algún momento no se haya pagado".

Por otra parte, los salarios tenían sumas extra por productividad de hasta 50% del sueldo. Este plus se pagaba a pesar de que el astillero no completó la fabricación de embarcación alguna desde 2010.

Uno de los últimos contratos firmados consistió en la fabricación de dos buques petroleros para PDVSA, la compañía energética del gobierno chavista de Venezuela, que todavía no fueron terminados.

La denuncia del Gobierno bonaerense incluso habla de que el astillero fue utilizado como "caja política del sciolismo". La justicia investiga incluso el pago en efectivo de sueldos jerárquicos a empleados que nunca pisaron la fábrica. Esto trajo aparejado un perjuicio al Estado de 16 millones de pesos por unos 95 empleados truchos.

El gobierno de María Eugenia Vidal, de todas formas, aún no tiene un plan a futuro para la administración del astillero.

"Nosotros nos tenemos que concentrar en ordenar y sanear esto", afirmó.