El Departamento de Control Contable de la Inspección General de Justicia (IGJ) encontró inconsistencias en la última memoria y balance del Instituto Patria, el búnker de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Se le solicitaron explicaciones sobre cuotas sociales, cuotas de ingresos, determinar quiénes son las autoridades del espacio, y toda documentación que pueda acreditar los ingresos.

El búnker creado por la ex presidenta volvió a ser intimado por la IGJ al presentar su balance contable con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2017.

La primera observación se realizó sobre los denominados “recursos ordinarios”. Allí el Patria consignó tener un ingreso por cuotas sociales de 2.488.080 pesos, y de cuotas de ingresos por 156.500 pesos, según datos difundidos por Clarín.

La IGJ, dependiente del ministerio de Justicia, volvió a pedirle al Instituto que detalle cómo se constituye el ítem “Bonos y contribuciones”. En este punto ya tuvieron el año pasado un entrecruzamiento.
Mientras la IGJ exigía la explicación y documentación respaldatoria de este ítem, el espacio liderado por la senadora de Unidad Ciudadana sostuvo que dicho requerimiento no se encuadraba dentro de lo que deben explicar.

En esta oportunidad, el organismo fiscalizador señaló que en la memoria balance se consignaron $ 31.840 en donaciones y un saldo de $ 207.000 en la cuenta “bono contribución”, “lo cual no existía en el ejercicio económico 2016”, indicó la IGJ.
Por tal motivo se solicitó que el Patria informe la composición de dicha cuenta, sus fondos, cómo se componen los mismos. En relación a esto, se requirió que acompañen la documentación respaldatoria de los bonos y donaciones.

Este pedido se desprende de otros números que para la IGJ no revisten claridad. Por ejemplo más de 565.000 pesos de eventos facturados. Se pidió que se detalle cuáles fueron dichos eventos, como también que adjunte las facturas correspondientes y todos los gastos que demandó la organización de dichas actividades.
En el análisis de la documentación contable, el organismo que dirige Sergio Brodsky señaló que tampoco hay claridad sobre otras rendiciones. Por ejemplo: por el curso de economía y política rindieron 135.600 pesos; por el de historia política 196.000 pesos; el de formación política arrojó un sal- do de 343.800 pesos.

Por su lado, por el curso peronismo y feminismo se rindieron 94.600 pesos, por el de derechos humanos 107.600 pesos, mientras que el de Estado y administración pública dejó $ 68.800.

Se pidió que se informe si existe convenio y/o contrato para la realización de dichos cursos, ya que algunos se realizaron, según la documentación a la que accedió Clarín, fuera del Instituto Patria “utilizándose instalaciones y espacios de otras entidades”.

Algunos cursos constan de ocho clases de dos horas de duración.

Para la IGJ “no está clara la utilización de los bonos contribución como documentación respaldatoria de varios hechos susceptibles de registración contable”, ya que algunos cursos se pagan a través de dicha modalidad costando cada bono 200 pesos. Así, se pidió que el Patria explique si los bonos los usan como respaldo de los cursos que brinda el espacio político.

Hay un plazo fijo por $ 300.000 sobre la cual también se exigieron detalles: la fecha de la inversión como así también, el destino de los ingresos que se obtuvieron de la misma.
Lo que llamó la atención es que el instituto adeuda más de 70.000 pesos de recursos de la seguridad social.

Oscar Parrilli, como presidente del Patria, volvió a rechazar que se solicite el libro de asociados ya que la Justicia le dio la razón al plantear que se tratan de datos privados y pidieron una prórroga para clarificar todas las observaciones hechas por la Inspección General de Justicia.

Le pidieron datos sobre movimientos de fondos, aportes de socios y ciertos ingresos.