Fueron tantas las irregularidades en el sistema de recaudación de la última campaña legislativa de Cambiemos que, además de los cientos de "aportantes truchos" denunciados, ahora aparecieron otros aportantes que dicen haber donado hasta $5 millones y no figuran en el listado oficial presentado ante la Justicia Electoral. El dato surge de la "auditoría" interna ordenada por la gobernadora María Eugenia Vidal a un equipo de colaboradores de su propio partido y estrecha confianza.

Se cree que muchos de esos "aportantes reales", que no figuran, fueron reemplazados por personas que no realizaron ningún tipo de aporte y cuyos casos, poco a poco, salen a la luz.

Estos datos preliminares muestran el nivel de descontrol financiero que imperó en la campaña de Cambiemos durante las legislativas del año pasado, lo que derivó en una investigación periodística, múltiples denuncias penales y la remoción de la contadora general de la provincia a Fernanda Inza, una estrecha colaboradora de Vidal que se desempeñó como tesorera de las campañas de 2015 y 2017. Vidal se vio forzada, además, a anunciar una "auditoría" interna de su campaña que, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, quedó en manos de tres funcionarios que responden directo a la propia Vidal o, incluso, al propio presidente a Mauricio Macri. Se trata del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas; del ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, y del asesor general de Gobierno provincial, Patricio Blanco Ilari.

Hasta ahora, la responsabilidad por el escándalo de los aportantes falsos solo recayó en Inza, quien debió presentar su renuncia como contadora general pero continúa vinculada a Cambiemos. Por un lado, porque Alejandro Pérez Chada, abogado personal del presidente Macri y del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, asumió como su defensor. Por el otro, porque el equipo de prensa de Vidal aún responde por ella. Sin embargo, desde la gobernación insisten en que Inza es la responsable del manejo financiero de la recaudación electoral de 2017 y todos los cañones apuntan en la misma dirección sin mencionar otros posibles culpables o responsables por la oscura situación de los fondos de campaña. "Ella tomó la decisión y ella se equivocó", dijeron las fuentes oficiales. E intentaron despegar del escándalo a la gobernadora Vidal y al jefe de Gabinete, Federico Salvai.

Las investigaciones judiciales podrían modificar el panorama, por ejemplo, a partir de la denuncia de la senadora kirchnerista Teresa García, quien apuntó directo contra la gobernadora Vidal, presentación que quedó en manos del juez federal platense Ernesto Kreplak.

Los números de la elección de 2017 reflejan que Cambiemos fue la alianza que más dinero desembolsó en la provincia, con $70 millones, mientras que Unidad Ciudadana apenas declaró $23 millones.

Incluso se situó por debajo Florencio Randazzo que gastó $37,5 millones y de 1 País, la alianza de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, que destinó $30 millones, según los informes de financiamiento que entregaron a la Cámara Nacional Electoral en octubre pasado.
El kirchnerismo declaró aportes privados por solo $4 millones. En el extremo opuesto, Cambiemos detalló $42 millones en donaciones privadas, su principal fuente de financiamiento, según remarcó entonces Inza a la nación.

"Hay donaciones de muchos funcionarios políticos, como ministros y otros cargos a nivel nacional. También hay empresarios que aportaron desde 5000 hasta 250.000 pesos, en especial, mucha gente del interior bonaerense, mucho apoyo del campo", planteó la entonces tesorera de Cambiemos bonaerense, hoy bajo la lupa.