Argentina finalmente alcanzó un acuerdo con las autoridades de Brasil para poder usar las delaciones del Lava Jato en las causas por corrupción abiertas de este lado de la frontera.

Se alcanzó un acuerdo de cooperación judicial entre las procuradurías generales de ambos países, para que los tribunales argentinos puedan aceptar las delaciones premiadas firmados ante la Justicia brasileña como parte de la operación Lava Jato.

Las delaciones premiadas son una posibilidad legal que existe en Brasil para que los participantes en hechos de corrupción puedan acceder a mejoras en sus penas si proporcionan información útil para la Justicia y denuncian a los jefes de las operaciones ilegales.

La versión de la firma del acuerdo habría sido divulgada por la Secretaría de Comunicación Social de la Procuraduría brasileña y, según el diario, como abarca temas delicados, el detalle del arreglo no será divulgado.

Este acuerdo entre ambos países habría sido firmado el viernes 13. Por el lado brasileño las conversaciones habrían sido encabezadas, durante seis meses, por Cristina Romanó, de la Secretaría de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal.

Hasta ahora Argentina se resistía a usar las delaciones de los operadores del Lava Jato porque señalaba que, si lo hacía, debía comenzar a perseguir penalmente a los delatores, algo con lo que las autoridades brasileñas no estaban de acuerdo.

Uno de los principales delatores del Lava Jato es Alberto Youssef, quien registró en una lista las coimas que habrían pagado las empresas Odebrecht y otras constructoras, en varios países del continente.

En esos registros de Youssef aparecen cuatro menciones a la obra de los gasoductos troncales de la provincia de Córdoba.

Si se confirma la existencia del acuerdo con Brasil, habrá que ver si será posible para fiscales argentinos, además de acceder a las declaraciones existentes, interrogar a los delatores brasileños sobre presuntos delitos vinculados a la obra pública realizada en nuestro país.

En octubre de 2017 tres legisladores cordobeses, Juan Pablo Quinteros, Liliana Montero y Aurelio García Elorrio viajaron a Curitiba y se reunieron con los procuradores Paulo Galvao y Laura Goncalves Tessler, dos de los 13 fiscales que participan en la investigación de los hechos de corrupción, para acercarles documentación sobre el caso de los gasoductos cordobeses.