De acuerdo a un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), un promedio de 4.368 de trabajadores por mes fueron despedidos o suspendidos por empresas públicas o privadas durante el primer semestre de 2018.

Según el informe “Sin rebote en el empleo. Análisis de los despidos en 2018”, el dato implica un aumento del 17% con respecto al mismo período del año pasado y el mayor grupo afectado es el de los empleados estatales, que representan un 46% del total, seguidos por los del sector industrial (38%).

Hasta el 30 de junio el CEPA contabilizó 26.206 despidos y suspensiones (a un promedio de 4368 por mes), que implican 3837 más que los del primer semestre de 2017. Y 76.359 despidos en total desde noviembre de 2016 hasta fines de junio último.

El 46% de los expulsados (12.191) son o eran empleados estatales: 7.635 bajo la órbita del Poder Ejecutivo y 4.556 pertenecientes a empresas de capital estatal. El grueso de los despidos se produjeron en los primeros dos meses del año.

En el sector privado, la rama industral encabeza el listado con 9.872 de despidos (38% del total, incluidos 2.466 suspendidos), seguida por el sector de servicios con 3.593 afectados.

De los 26.206 afectados registrados por el CEPA, 13.924 casos corresponden a despidos, 3.529 a despidos derivados de cierres de empresas o plantas, 1.092 a retiros voluntarios, en tanto 3.179 fueron suspensiones, la mayoría en el sector industrial (2.458).

En el segundo trimestre, destacan, uno de cada seis despidos se relacionaron con el cierre de plantas o empresas, porcentaje aún mayor (uno cada cuatro) en el caso de la industria.

En el ámbito de los servicios, el sector de comercio representa casi la mitad de los despedidos y suspendidos, a partir de los casos de los supermercados Disco, Jumbo, Carrefour y Coto, el Mercado Central y Winery. Luego aparecen salud, gastronómicos, estaciones de servicio, comercios mayoristas, seguridad, peajes, medicina y juegos.

En el sector público, la mayor cantidad despidos se registró en entes como el Conicet, Vialidad, el INTI, Coros y Orquestas, y el Senasa, y en municipalidades como las de Tucumán, Morón, Quilmes, Tres de Febrero o La Plata. Dentro del Poder Ejecutivo, el grueso de los expulsados pertenecía a los ministerios de Agroindustria, de Desarrollo Social y de Economía.