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3 de diciembre de 2024
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Miércoles negro: la Bolsa porteña cayó casi 9%
27 de junio de 2018
La Bolsa porteña se derrumbó 8,96% a 25.921,08 puntos, y acumula cuatro sesiones consecutivas a la baja.

"Es evidente que hay menos apetito por los emergentes ante un clima financiero global más desafiante pero a eso se suma en el caso argentino los duros deberes económicos del FMI así como sus implicancias políticas", evaluó el analista Gustavo Ber.

El balance general de empresas arrojó 8 alzas y 74 bajas y un papel sin cambios.

El volumen negociado en acciones alcanzó los 1.326 millones de pesos (47,3 millones de dólares).

En el tablero de valores de vanguardia, el mejor rendimiento lo tuvo la metalúrgica Tenaris (+4,05%) y la caída más profunda fue de la productora y exploradora de petróleo Phoenix Global Ressources (-15,63%).

La jornada bursátil se vio alterada por rumores de la posible aplicación de impuestos sobre las acciones, según la prensa argentina.

La Bolsa de Buenos Aires registró desde el lunes sucesivas caídas de 6,01%; 2,13% y 4,47%.

"Los inversores internacionales están esperando que además de conseguir estabilidad cambiaria, localmente se den indicios de estar avanzando en bajar el déficit, reducir la inflación y recortar las tasas de interés", analizó el consultor financiero Pablo Castagna al diario Ambito Financiero.

El FMI concedió la semana pasada a Argentina un crédito por 50.000 millones de dólares para conjurar una crisis cambiaria y estabilizar la economía.

El primer tramo, por 15.000 millones de dólares, fue recibido el viernes pasado y se destinó al respaldo presupuestal y a operaciones del Banco Central para estabilizar el mercado cambiario.

Los restantes 35.000 millones estarán a su disposición en los próximos tres años y Buenos Aires podrá acceder a ellos a condición de cumplir el programa económico pactado.

En la carta de intención Argentina se compromete a llevar a cero en 2020 su déficit fiscal, que el año pasado cerró en 3,9% del PIB.

Como previsión, se incluyó una cláusula que permite al Estado elevar el gasto en planes sociales en caso de que aumente la pobreza que en 2017 fue de 25%.