La Oficina Anticorrupción (OA) emitió un dictamen respecto de la actuación del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al haber empleado en el SOMU a su empleada doméstica, Sandra Heredia.

El documento, que lleva la firma de Laura Alonso, cuestionó la ética del ministro, y constituye un apercibimiento sin sanción, argumentando que la ley vigente no las establece.

Según el documento, la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción resolvió hacer saber a Triaca que "debió actuar en forma prudente y no consentir la contratación de la Sra. Sandra HEREDIA en el SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS (SOMU), transmitiendo al entonces Interventor su oposición en atención a las implicancias del caso (art. 9 del Código de Ética en la Función Pública, Decreto 41/99)".

La resolución concluye con la recomendación para el ministro quien "en lo sucesivo, deberá evitar la adopción de decisiones que pongan en riesgo la imagen que debe tener la sociedad respecto de la función pública, generando dudas sobre su integridad o la de su jurisdicción".