El acampe que mantenían desde hace casi una década en la Plaza de Mayo exsoldados conscriptos en la que época de la Guerra de Malvinas fue desalojado hoy en el marco de las reformas que lleva adelante el Gobierno porteño en ese espacio público de la Capital Federal.

Reclamn ser reconocidos como veteranos de guerra a pesar de que, según el Estado, permanecieron en terreno continental, no fueron a Malvinas y nunca combatieron con supuestas fuerzas enemigas.

A escasos días de que se cumplieran 10 años del inicio del Campamento Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron el desalojo en conjunto con la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público comunal.

"Es una vergüenza, vinieron así, de patoteros, a limpiar el acampe, una lucha. Nos deben una contestación a un (recurso) administrativo iniciado en 2008, en el que la fuerza dice que nos corresponde (la definición de excombatientes) por haber sido partícipes del conflicto", sostuvo unos de los referentes del Campamento TOAS, Luis Giannini.

En diálogo con NA, el excombatiente aseguró que si el Gobierno hubiese respondido el planteo hecho, se habrían retirado "pacíficamente".

Los integrantes del Campamento TOAS son exconscriptos que se desempeñaron en bases militares patagónicas durante la Guerra de Malvinas en 1982 y que piden ser reconocidos formalmente como veteranos de ese conflicto bélico.

La protesta se inició el 25 de febrero de 2008 en uno de los laterales de la Plaza de Mayo, sobre la calle Hipólito Yrigoyen, junto a una de las fuentes.

"Veníamos a concientizar de que había una parte de la historia que no se contaba. Están demostrando la forma en la que se manejan: aparecerse así, levantarte todo y cagarse en la lucha. No tienen diálogo. Cuando existe una lucha, es porque hay una injusticia. Que den una respuesta y nos vamos. Si no tenemos un acampe, marcharemos a Casa de Gobierno. Exigimos una respuesta", remarcó Giannini.

En octubre de 2015, los integrantes del Campamento TOAS intentaron levantar una estructura de ladrillos y cementos en el lugar, pero la Fiscalía General de la Ciudad había ordenado que se impidiera eso y a cinco manifestantes les abrió una causa penal por "daño agravado y usurpación".

Fuentes oficiales aclararon a NA que el operativo de desalojo no necesitaba ninguna orden judicial porque "ya estaba la resolución administrativa firmada por el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, para continuar con las obras en la Plaza de Mayo".