A raíz del nuevo pacto fiscal firmado por todas las provincias, con excepción de San Luis, con el gobierno nacional, los jefes provinciales logaron que el Gobierno cediera y aprobara la nueva ley.

El acuerdo establece que las jubilaciones se actualizarán trimestralmente, y por inflación, todos los gobernadores deberán aumentar "garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación".

En la actualidad, el sistema de actualizaciones de las jubilaciones es a partir de la evolución de los salarios y el incremento de la recaudación, aplicando aumetos en los meses de marzo y septiembre.

El pacto prevé garantizar un pago equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil a toda persona que haya cumplido con los 30 años de aportes efectivos.

El tercer punto del apartado de la refoma previsional, establece la eliminación de las inequidades ocasionadas por las jubilaciones de privilegio.